Al periodista Roland Carreño aún no se le ha hecho una revisión médica, lo cual lo pone en grave peligro por su condición de salud previa: hipertenso y diabético.
María Alejandra Poleo, que forma parte de su equipo de abogados, explicó a El Nacional que a dos semanas de su detención, ocurrida el 26 de octubre, no se ha materializado la decisión del tribunal que pidió en la audiencia trasladarlo al hospital Miguel Pérez Carreño. Tampoco han respondido la solicitud de la defensa, que demandó que lo reconociera su médico de confianza.
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“Su mamá ha podido tener acceso a él, le ha llevado comida y sus medicamentos, pero está muy preocupada por su salud”, señaló.
Poleo indicó que a Carreño solo le hicieron una revisión en la Medicatura Forense de El Llanito cuando lo detuvieron.
“Lo han tratado, eso sí, con mucha decencia, como se debe tratar a un detenido por cualquier causa, pero la situación lo tiene alterado”, subrayó.
“Cada vez que lo vamos a visitar está como ahogado y eso es producto de una enfermedad cardíaca que padece”, agregó.
No solo la salud de Carreño: otras irregularidades
Los abogados de Carreño, Joel García, Ana Leonor Acosta y María Alejandra Poleo, apelaron la medida de privativa de libertad contra el periodista y dirigente de Voluntad Popular. Están a la espera de la remisión a la Corte de Apelación que conocerá del recurso.
Se solicitaron las copias del expediente, pero aún no las han recibido, lo que constituye una irregularidad. El tribunal lo único que facilitó fue el acta de la audiencia con la cual los abogados sustentaron legalmente la apelación.
Falta además incorporar al expediente que tiene el tribunal el allanamiento realizado a la vivienda de Carreño. “El órgano instructor hace las actuaciones y debe remitirlas de inmediato al tribunal que acordó el allanamiento. Eso no se ha hecho”, puntualizó Poleo.
“El mismo juez está preocupado. Me dijo que le parecía muy extraño que no le hayan llegado las actuaciones. Él está pendiente porque sabe que Roland es una personalidad pública muy conocida y querida. Sabe que es un caso relevante. Dijo que iba a hacer las gestiones necesarias para verificar qué estaba pasando”, explicó.
“En la Fiscalía tampoco hay nada del allanamiento”, detalló.
José Maximino Márquez está a cargo. Es el juez del tribunal especial cuarto de primera instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo. Lleva además el caso de la Operación Gedeón.
Poleo señaló que los abogados deben esperar las resultas de la apelación. Explicó que el Ministerio Público tiene 45 días para presentar su acto conclusivo, que puede ser un archivo, un sobreseimiento o una acusación. “En el caso de que fuese una acusación sería algo totalmente alejado de la realidad porque todos los medios probatorios que presentaron el día de la audiencia fueron construidos por ellos mismos”, afirmó.
En las actas tampoco se menciona que estuviese acompañado por alguien, puntualizó: “Eso es otra irregularidad. A sus acompañantes habría que haberlos presentado y luego el tribunal dejarlos en libertad plena, no la policía”.
Con información de: El Nacional
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