El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes 17 de noviembre una nueva licencia a la petrolera Chevron y cuatro empresas de servicios petroleros norteamericanas, en la que les autoriza seguir manteniendo sus limitadas operaciones esenciales en Venezuela para preservar sus activos en el país hasta el 3 de junio de 2021.
Las otras empresas autorizadas son Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes y Weatherford International, dedicadas a la prestación de servicios en yacimientos petroleros.
Las transacciones y actividades que están autorizadas incluyen las que sean necesarias para garantizar la seguridad del personal o la integridad de operaciones y activos en Venezuela, participación en reuniones de accionistas y junta directiva, realizar pagos en facturas de terceros por transacciones y actividades autorizadas o incurrido antes del 21 de abril de 2020, pago de impuestos locales y compra de servicios públicos y pago de salarios a empleados y contratistas en Venezuela.
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La Licencia General 8G no autoriza la perforación, levantamiento o procesamiento, compra o venta, o transporte o embarque de petróleo o productos derivados del petróleo de origen venezolano. Tampoco el diseño, construcción, instalación, reparación o mejora de pozos u otras instalaciones o infraestructura en Venezuela, o la compra o provisión de bienes o servicios, excepto cuando sea requerido por seguridad.
El Tesoro sigue prohibiendo la contratación de personal o servicios adicionales (excepto cuando sea necesario por motivos de seguridad), el pago de cualquier dividendo, incluso en especie, a Pdvsa o cualquier entidad en la que la estatal posea, directa o indirectamente, una participación de 50% o más.
Esta licencia general no autoriza cualquier transacción o trato relacionado con la exportación o reexportación de diluyentes a Venezuela, cualquier préstamo, acumulación de deuda adicional o subsidio de Pdvsa, o cualquier entidad en la que Pdvsa posea, directa o indirectamente, una participación de 50% o más.
Chevron ha tenido presencia en Venezuela desde hace casi 100 años, y posee activos por el valor de 2.700 millones de dólares que están en riesgo de ser expropiados, como ha ocurrido con las instalaciones de las compañías que abandonan el país.
La licencia de operaciones de estas cinco empresas ha sido prorrogada en varias oportunidades por el Departamento del Tesoro de EEUU, como una medida para proteger y permitir el trabajo a empresas estadounidenses en suelo venezolano pero sin favorecer a la estatal Pdvsa, sancionada por Estados Unidos.
Con información Tal Cual
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