En Venezuela se ha detenido en gran medida el servicio de aborto clandestino después del arresto de una docente en Mérida que presuntamente ayudó a una niña de 13 años de edad a interrumpir un embarazo, así lo aseguraron al menos 10 defensores de los derechos de las mujeres entrevistados por Reuters.
Vannesa Rosales fue arrestada en octubre acusada de proporcionarle la pastilla cytotec a la menor de edad que quería abortar tras ser víctima de abuso sexual.
Rosales estuvo encarcelada durante más de tres meses sin ser acusada formalmente, pero salió de prisión el lunes y ahora se encuentra bajo arresto domiciliario, según su abogada Venus Faddull.
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El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, informó el domingo el hombre que violó a la niña de 13 años de edad cuenta con una orden de aprehensión y se solicitó una alerta roja en Interpol.
Venezuela tiene una de las leyes de aborto más estrictas de América del Sur, que permite la práctica solo para salvar la vida de la madre. Sin embargo, existen una serie de personas, organizaciones y redes informales en todo el país que se dedican a aconsejar a las mujeres sobre la interrupción del embarazo.
Además de brindar apoyo emocional y físico, pueden conectar a las mujeres con médicos o con personas que venden medicamentos que inducen el aborto, como el misoprostol.
La pena por interrumpir un embarazo en el país varía de seis meses a dos años para la mujer, y de uno a tres años para el médico.
Venezuela no publica estadísticas sobre el aborto o la disponibilidad de anticonceptivos, pero los activistas dicen que desde el inicio de la crisis económica muchas mujeres han buscado servicios de aborto clandestino.
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