Los jueces y fiscales de Venezuela han tenido un papel muy importante en graves violaciones de derechos humanos contra opositores al gobierno de Nicolás Maduro, según un informe de una misión de la ONU difundido este jueves que describe una profunda erosión de la independencia judicial en el país.
En su segundo informe, la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela detalla «cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014″.
«En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales», dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión, citada en un comunicado.
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al gobierno de Maduro.
«Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela», dijo Valiñas en el comunicado.
La Misión indicó que realizó «177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos».
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Además efectuó un «extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales», y de «183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno» entre 2014 y agosto de 2021, y documentó «las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal».
«Impacto devastador»
Los jueces y las juezas «ordenaron la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional», «mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona», y «dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo».
De su lado, los fiscales «presentaron evidencia contaminada por la tortura, la que a su vez fue admitida por jueces y juezas como prueba»
«En algunos de los casos examinados, los jueces y las juezas tampoco protegieron a las víctimas de la tortura al ordenar que regresaran a los lugares de detención donde supuestamente se había producido la tortura».
Las largas demoras procesales negaron a las personas acusadas la oportunidad de impugnar las pruebas en su contra dentro de un plazo razonable.
«Las múltiples irregularidades en los casos que hemos analizado, tomadas en conjunto, han tenido un impacto devastador en las vidas —incluso en la salud física y mental— de las víctimas y sus familias», afirmó Marta Valiñas.
Impunidad
Entre los casos que la misión revisó se encuentran los que documentó en 2020 que «involucran a fuerzas de inteligencia del Estado que sometieron a detenidos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales».
«No se encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados en estos casos, ni en ningún otro que haya investigado desde entonces», afirma el comunicado.
En ese sentido, el informe destaca el caso del opositor Fernando Albán, «que murió tras haber caído al vacío desde el décimo piso mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en 2015».
También menciona el de Rafael Acosta Arévalo, un oficial militar que «se desmayó y murió en una sala de audiencias de Caracas con signos evidentes de haber sido torturado en 2018», y Juan Pablo Pernalete, un estudiante que «murió después de que una granada de gas lacrimógeno golpeara su pecho a corta distancia durante una manifestación en Caracas en 2017».
Sobre el Sebin y DGCIM
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela evidenció durante su más reciente informe como la dictadura de Nicolás Maduro ha organizado un sistema de persecución y amedrentamiento contra la disidencia política.
“El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado”, reveló el nuevo informe de la ONU dado a conocer este jueves en Ginebra.
De igual forma, señalaron que los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones, fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales.
En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.
Asimismo, agregaron que las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura.
Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.
“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia, tanto hombres como mujeres, a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox.
“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro”, sumó Cox.
Para finalizar, aclaró que los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban.
“La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados”, concluyó.
El FAES
En su informe, la misión dio a conocer 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.
“Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa”, alertaron los investigadores internacionales.
Mientras tanto, indicaron que todas estas operaciones fueron realizadas con el respaldo de la dictadura de Maduro.
Asimismo, el nuevo informe de la ONU precisa que tras las críticas a este tipo de operativos, el régimen relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.
Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. “Dos fuerzas de seguridad, el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe”.
“Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar “semillas”. Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión””, aseveró el documento.
La misión de la ONU denunció que la gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.
“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” dijo Marta Valiñas, en el nuevo Informe de la ONU.
Para finalizar, señalaron que las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.
Con información El Nacional
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