El juez de Estados Unidos que maneja el caso de Alex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, pidió que se investigue a los miembros de los medios de comunicación por presuntas «violaciones intencionales» de la prohibición de grabar en un tribunal federal. Así lo reseñó el periodista de AP, Joshua Goodman.
Las imágenes de Saab encadenado y con su traje naranja durante su primera comparecencia ante el tribunal a través de Zoom, circularon ampliamente en las redes sociales y medios digitales.
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En 2019, los fiscales federales en Miami lo acusaron como principal protagonista de un plan de soborno que se embolsó más de 350 millones de dólares de un proyecto de vivienda para personas de bajos ingresos para el régimen venezolano.
El testaferro del chavismo había sido sancionado por la administración de Donald Trump por utilizar una red de empresas fantasma que se extienden por todo el mundo – en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México – para ocultar enormes ganancias de contratos ilícitos de alimentos obtenidos mediante sobornos y comisiones ilegales.
Algunos de los contratos de Saab se obtuvieron mediante el pago de sobornos a los hijos adultos de la primera dama venezolana Cilia Flores, alegó la administración Trump. Comúnmente conocidos en Venezuela como “Los Chamos”, jerga para “los niños”, los tres hombres también están siendo investigados por los fiscales en Miami por presuntamente formar parte de un plan para desviar USD 1.2 mil millones de la compañía petrolera estatal de Venezuela, informó The Associated Press.
Además, las autoridades de EEUU lo acusan de incumplir un contrato para entregar materiales de construcción de viviendas o de incurrir en sobrecostos en el programa social Gran Misión Vivienda, del gobierno de Hugo Chávez.
Recompensa millonaria por Pulido
Se prevé que Saab pedirá la libertad bajo fianza, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos que tiene puestos los ojos en una posible delación de las presuntas implicaciones del Gobierno de Maduro con el esquema de corrupción y lavado de dinero.
La acusación señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.
Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron desde Venezuela, a través de EE.UU., aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.
El Departamento de Estado estableció el viernes pasado una recompensa de 10 millones de dólares para quien de información sobre el paradero de Pulido, además de señalar que cree que vive en Venezuela.
Los ocho cargos de los que Saab está acusado desde julio de 2019 en EE.UU. (siete de blanqueo de capitales y uno de conspiración para cometer ese delito) implican violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés), según recordó este lunes el Departamento de Justicia.
Con información de: Crónica Uno
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