La muerte de una joven de la etnia jiwi en un ataque de la Fuerza Armada venezolana contra un campamento de las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio del estado Amazonas hace un año, en febrero de 2021, ofreció un indicio claro no solo de que la guerra irregular colombiana se había desplazado al sur de Venezuela sino, además, de que los grupos armados cuentan entre sus filas con aborígenes reclutados en el sitio.
La operación, denominada precisamente Jiwi por el mando militar venezolano, fue parte de una ofensiva inédita del régimen de Caracas contra las guerrillas colombianas. Apenas un mes más tarde, en marzo de 2021, hubo otro ataque de fuerzas aéreas y terrestres combinadas contra posiciones del Frente 10mo de las disidencias de las FARC -comandado por Miguel Botache, alias Gentil Duarte– cerca de la población de La Victoria, estado Apure, emplazada sobre la ribera norte del río Arauca que hace frontera con Colombia.
POR Antonieta Segovia/ Armando Info
La escalada introdujo un elemento nuevo, y no del todo explicado por parte de los voceros del gobierno de Nicolás Maduro, en la tensa situación de la frontera sur de Venezuela, en particular, en las regiones de Los Llanos y Guayana, donde por mucho tiempo el chavismo se ha mostrado indiferente ante la penetración cada vez más patente de la subversión colombiana, cuando no dispuesto a convivir con ella.
En todo caso, la campaña coincidió con las noticias de que las rencillas internas entre las diferentes facciones guerrilleras por el control de negocios ilícitos y territorios se habían transformado en combates, en los que las fuerzas venezolanas parecen estar interviniendo para inclinar la balanza a favor de uno de los bandos. Al menos tres destacados líderes de las disidencias de las FARC, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, fueron asesinados en menos de un año en Venezuela sin que Caracas difundiera una versión oficial sobre esos episodios.
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El ataque de febrero de 2021 apuntó a un campamento de la guerrilla en las afueras de la comunidad de Santo Rosario de Agua Linda, una comunidad indígena de 300 habitantes a unos 45 minutos al sur de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas. Estuvo a cargo de tropas de la 52 Brigada de Infantería de Selva del Ejército, con alrededor de 170 efectivos. Por parte de la Fuerza Aérea, tuvieron su bautismo de fuego los aviones de entrenamiento y de ataque táctico Hongdu K-8W Karakorum adquiridos a China.
Según el parte militar, en el asalto murieron seis personas del campamento, incluyendo a la joven jiwi oriunda de la comunidad Coromoto, ubicada en el eje carretero sur del estado, una vía que desemboca en el puerto de Samariapo, punto de partida para el transporte fluvial hacia los municipios del interior de esa entidad. La muchacha indígena se había enrolado en las filas insurgentes, siempre de acuerdo a la información oficial.
La transformación de la zona, por lo general un punto de interés turístico, en teatro de operaciones de guerra, fue la culminación de un proceso iniciado en 2016.
N.G., habitante de la comunidad vecina de Botellón de Agua Linda, recuerda bien el día del ataque. Fue un domingo a las diez de la mañana, en plena ceremonia religiosa en el salón comunal. Primero se escuchó el sobrevuelo de los aviones, “luego vinieron los disparos y un estallido, salimos a mirar”, relata. Los bombardeos se prolongaron por tres días.
Emiliano Mariño es el capitán o cacique de Santo Rosario, la comunidad afectada por el operativo militar. La economía local depende de la producción de casabe y mañoco, dos preparaciones tradicionales de la yuca. Sus paisanos son jiwi, un pueblo también conocido por los criollos como guahibos, cuyos dominios se extienden desde Los Llanos del oriente de Colombia hasta la margen derecha del Orinoco, en Venezuela.
Apoyado sobre el fogón, mientras remueve los granos de la fibra que se extrae de la yuca amarga para convertirla en harina, Mariño cuenta que los irregulares llegaron en 2016, instalaron un gran campamento en las faldas de la montaña, y allí permanecieron durante cinco años.
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