En Venezuela, el abuso sexual contra menores de edad es una realidad que no recibe la atención ni la justicia que merece. Según la socióloga y miembro de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Carla Serrano, solo el 20 % de los casos termina siendo condenado.
Esto significa que la mayoría de los agresores quedan impunes y que las víctimas no reciben reparación ni protección.
La cifra es aún más escalofriante si se considera que el Ministerio Público registró solo hasta mayo de este año 7.174 casos, correspondiente a este delito. Esto implica que cada hora, un niño es abusado en Venezuela.
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Además, muchos casos no son denunciados por miedo, vergüenza o falta de confianza en las instituciones.
El abuso sexual contra menores de edad no respeta fronteras ni condiciones sociales. Sin embargo, hay algunos estados que presentan una mayor incidencia de este delito. Según reveló Serrano, Carabobo, Zulia, Táchira y La Guaira lideran las cifras en el país. Ante ello, explica que muchas veces miles de niños prefieren guardar el secreto del incidente porque fueron víctimas de una violación.
Serrano también señaló que el 40 % de las víctimas son adolescentes entre 12 y 17 años, mientras que el 30 % lo representan niños y niñas de seis a 11 años.
Estos datos muestran la vulnerabilidad y la necesidad de protección especial que tienen los menores de edad frente al abuso sexual.
Los derechos del niño y la niña: una asignatura pendiente
Los niños y las niñas son titulares de todos los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros tratados internacionales. Además, tienen derechos específicos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas en 1989.
Esta Convención tiene rango de ley y es de obligado cumplimiento para los países que la han ratificado, como Venezuela. Sin embargo, la realidad muestra que estos derechos no se respetan ni se garantizan en el país.
El abuso sexual contra menores de edad es una grave violación del derecho a la protección, al desarrollo y a la participación de los niños y las niñas. Por eso, es necesario que se visibilice esta problemática y que se exija justicia para las víctimas.
También es necesario que se promueva la educación sexual integral, la prevención del abuso y la atención psicosocial a los afectados.
Con información El Aragüeño
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