Liberan a los 57 guardias y policías retenidos, desde el pasado miércoles 30 de agosto, en seis cárceles de Ecuador; debido a una arremetida de bandas de narcos que usan las prisiones como centros de operaciones.
«Los 50 agentes y siete policías ya fueron liberados, pasaron por evaluaciones médicas para verificar su estado de salud y están a buen recaudo», señaló el organismo estatal a cargo de las cárceles (SNAI).
Las autoridades informaron sobre las retenciones de uniformados el jueves, pero se desconoce cuánto tiempo estuvieron en poder de los reclusos y en qué cárceles.
La violencia del narcotráfico se impone dentro y fuera de las rejas. Entre miércoles y jueves estallaron en Quito dos carros bomba dirigidos contra el SNAI.
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Ambos hechos son represalias por los continuos traslados de reclusos que llevan a cabo las autoridades y las intervenciones en busca de armas y drogas, según el gobierno.
«Las medidas en el sistema penitenciario, han generado reacciones violentas de las organizaciones criminales que pretenden amedrentar al Estado», aseguró el presidente Guillermo Lasso.
Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador había logrado esquivar la violencia de las mafias. Pero en los últimos años bandas aliadas con carteles mexicanos y colombianos imponen el terror. Desde 2018 la tasa nacional de homicidios se ha cuadriplicado.
Las autoridades mantienen hermetismo sobre lo que ocurre en las cárceles y no han determinado si esta fue o no una acción concertada.
Magnicidio
A un mes y medio del balotaje que escogerá al próximo mandatario de Ecuador, la violencia recrudece. La campaña presidencial quedó empañada por el asesinato a tiros de uno de los candidatos favoritos, el experiodista Fernando Villavicencio, el 9 de agosto.
Las autoridades intentan frenarla ejerciendo presión en las cárceles: traslados de presos a una penitenciaría de máxima seguridad, separación de bandas enfrentadas para evitar choques, inspección de las celdas y división de los grupos criminales.
Los seis detenidos por el magnicidio fueron cambiados de prisión el miércoles pasado. Según el gobierno, este pudo haber sido uno de los detonantes de los atentados con carros bomba y de los ataques con granadas en Quito que siguieron.
«Pero estamos firmes y no vamos a retroceder en el objetivo de capturar a peligrosos delincuentes, desarticular bandas delictivas y pacificar las cárceles del país», aseveró Lasso.
Varios guardias penitenciarios estaban secuestrados en la cárcel de la ciudad andina de Cuenca (sur), según fuentes oficiales. Se desconoce cuáles eran las otras cinco prisiones involucradas en las retenciones.
En la mañana del viernes, militares rodeaban esa cárcel, mientras en el techo tres presos pedían a gritos a los uniformados que retrocedieran si querían obtener la liberación de los rehenes, constataron periodistas de AFP.
Uno de ellos, vestido de pijama blanco con diseños infantiles, hablaba por walkie-talkie.
«No hay Estado, no hay Poder Público, no hay gobierno que controle las cárceles», explicó a la AFP Billy Navarrete, director de la ONG Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Militarización de prisiones
Las repetidas masacres carcelarias llevaron a Lasso a decretar el 24 de julio el estado de excepción en todo el sistema penitenciario por 60 días, a fin de desplegar militares en las prisiones. Pero la presencia de soldados tensó aún más la cuerda.
Horas antes de los atentados con coche bomba, cientos de uniformados realizaron un operativo de búsqueda de armas, municiones y explosivos en una cárcel de la ciudad andina de Latacunga (sur), una de las principales de la nación y escenario de matanzas entre reclusos.
Una segunda hipótesis del gobierno es que esta intervención provocó la furia de las bandas.
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La crisis carcelaria está en el centro de la campaña presidencial para la segunda vuelta que se disputará el 15 de octubre entre la izquierdista Luisa González y el derechista Daniel Noboa.
Hijo de un magnate, Noboa propone crear un sistema de barcos prisiones en alta mar para aislar a los reclusos y desconectarlos de sus redes criminales.
En medio de la ola violenta, González denunció este viernes amenazas de muerte.
Con información La Nación Web
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