Estudiarán un procedimiento para la revisión de las inhabilitaciones ejecutadas por la Contraloría General de la República a candidatos; así lo informó el jefe de la delegación madurista en la mesa de negociación de Barbados, Jorge Rodríguez.
Esta decisión fue tomada justo horas antes de cumplirse la vigencia del ultimátum dado por la administración Joe Biden al gobierno de Nicolás Maduro para facilitar la liberación de presos políticos y la habilitación política de candidatos para la elección presidencial de 2024.
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Así se da “un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados, para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela”, reza el comunicado.
Del mismo modo, el Reino de Noruega, facilitador de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición, Noruega confirma recepción del procedimiento, conforme al Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos.
Sin embargo, en el documento se aclara que deben cumplirse ciertas condiciones para que las habilitaciones políticas sean efectivas.
El texto reza:
Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana, asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución.
(…) Las Partes han convenido el siguiente procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República:
Cada uno de Los Interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar, en el lapso establecido desde el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos.
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución.
En la demanda presentada, y en declaraciones públicas, los Interesados se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Cada uno de Los Interesados asume el compromiso de: a) Respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes; b) Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; c) Acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso; y d) Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.
Oposición comparte disposición
Dicho procedimiento de revisión de las habilitaciones también fue compartido en las redes sociales por Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora Plataforma Unitaria, en señal de estar de acuerdo con la medida iniciada.
Con información Impacto Venezuela
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