La Justicia de EEUU pidió 30 años de cárcel a una Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York para el mayor general retirado Clíver Alcalá por narcotráfico y entrega de armas a las desaparecidas FARC. Mientras que la defensa exigió a la corte una condena de seis años de cárcel.
En un documento de 18 páginas, conocido por EL TIEMPO, cita que la justicia de Estados Unidos pidió esta condena. Sin embargo, será el 18 de enero cuando en la audiencia se conocerá la condena que le impondrá Estados Unidos a Alcalá.
Apoyó a las FARC
Según el fiscal del caso, Alcalá era un «poderoso general de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela que, por años, dio apoyo a las FARC», a las que califica como una «violenta organización responsable de la producción y distribución de la mayor parte de la cocaína que llegaba a Estados Unidos».
El documento conocido por este diario agrega que, como jefe de «miles de militares armados», Alcalá protegió a las FARC y a sus socios de la interferencia de las fuerzas militares y de la justicia venezolana, y que entregó a esa guerrilla material militar; también, que conspiró para lograr que la droga de la guerrilla no tuviera interferencia alguna para salir de Maiquetía, «el más grande aeropuerto de Venezuela». «A cambio, Alcalá recibió millones de dólares en sobornos», dice la solicitud.
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El exmilitar fue extraditado a Estados Unidos desde Colombia en 2020 y el 29 de junio se declaró culpable de “proporcionar, ayudar e instigar la provisión de apoyo material o recursos” a las FARC, y de “recibir y transferir armas de fuego y municiones, sabiendo y teniendo motivos razonables para creer que dichas armas de fuego y municiones se utilizarían para cometer el delito federal de terrorismo”.
En junio de 2023, en una audiencia ante el juez Alvin Hellerstein, el procesado admitió que brindó armas y apoyo a las FARC, guerrilla a la que además dejó transitar libremente por Venezuela, según él mismo.
Según su confesión escrita, que leyó él mismo en la audiencia, desde 2006, mientras se desempeñó como general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, brindó apoyo a las FARC.
El juez le preguntó si él “impidió que miembros de las FARC y sus asociados fueran arrestados por agentes del orden venezolanos”. Alcalá dijo que sí, y añadió que también evitó el contacto entre la Fuerza Armada venezolana y las FARC, para que la guerrilla no fuera perseguida.
Asimismo, Alcalá aseguró que él entregó armas a las FARC, incluyendo 20 granadas y 3,5 lanzagranadas, y dijo que “la mitad (fueron) para el señor Luciano Marín Arango, y la otra mitad para el señor Londoño, Timochenko”, quienes para la época eran “el número uno y número dos de las FARC en el territorio que me correspondía en Venezuela”.
Los coletazos de este caso
La dura condena que pide el Departamento de Justicia -que depende directamente de la Casa Blanca- representa un campanazo de alerta para el régimen de Nicolás Maduro, el oficialista que está también procesado en este caso y sobre el que el gobierno de EE UU mantiene una millonaria recompensa a pesar de la relativa distensión diplomática de los últimos meses entre Washington y Caracas.
El Departamento de Justicia dice que Alcalá recibía sobornos de 150 mil dólares por cada cargamento que salía de su área de control, especialmente en el estado Valencia.
Esos negocios, dice EE UU, se originaron en plenas negociaciones del Caguán, cuando las FARC y Hugo Chávez acordaron mover campamentos y «cocinas» del narcotráfico hacia territorio venezolano para operar desde allí sin restricciones «e inundar de coca» el norte del continente.
El escrito documenta cómo Clíver Alcalá habría llamado en 2008 directamente a un jefe de la Guardia Nacional venezolana para que dejara mover a lo largo del territorio del país un convoy que llevaba al menos una tonelada de droga de las FARC y que fue detenido en un puesto de control.
EE UU dice que Alcalá recibió al menos entre dos y tres millones de dólares de sobornos en efectivo. También, que fue detenido por la policía venezolana en una operación en la que fueron descubiertas 35 toneladas de cocaína en siete camiones militares en el estado Falcón. «Cerca de los camiones, los policías hallaron al acusado, que se identificó como el militar de más alto rango en la región». «Cuando se intentó arrestarlo, el acusado les dijo a los policías que estaban interfiriendo con un asunto de los militares y que tendrían consecuencias».
Después de que hizo algunas llamadas, al lugar arribaron 80 miembros de la Guardia Nacional y un helicóptero, y a los policías les ordenaron borrar todo registro del hecho. Además, sus computadores y radios fueron confiscados».
Con información Alberto News
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