Las prácticas de la minería ilegal de oro ha afectado a 33 ríos de la Amazonía venezolana; según el informe «Ríos entre la destrucción y el olvido: Efectos del extractivismo minero en los ríos al sur de Venezuela», publicado este lunes 5 de febrero, por la ONG Clima 21.
Para 2017 se registraban al menos 16 arroyos afectados en el territorio amazónico, pero en apenas seis años, entre 2017 y 2023, la cifra subió 106% por la rápida extensión de la actividad minera, desarrollada sin controles ni estudios de impacto ambiental al sur del país.
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Señaló, además que, todas las cuencas principales de Amazonas y Bolívar están amenazadas por la sedimentación y la contaminación por mercurio, derivada de la extracción aluvial de oro.
Uno de los impactos más perjudiciales para la salud ambiental de esos cuerpos de agua por la minería de oro es la pérdida de la cobertura boscosa de sus cuencas, indicó la organización.
De acuerdo con el estudio, en 48% de los ríos hay «presencia de embarcaciones (balsas y dragas) realizando actividades mineras (…) Una parte importante de la información recopilada de la presencia de estas embarcaciones en ríos de la Amazonía venezolana proviene de fuentes oficiales que reseñan los operativos de control y erradicación. Sin embargo, la escasa y a veces ambigua información suministrada en estos reportes hace imposible conocer la eficacia o idoneidad de estos operativos».
Clima 21 advirtió que si las tendencias observadas se mantienen, muchos de los ríos de la Amazonía serán tan gravemente afectados que sus aguas no podrán ser usadas para consumo humano y perderán la capacidad de albergar vida. Algunos de ellos incluso podrían llegar a generar desastres naturales como inundaciones.
«Es muy posible que sea afectado el régimen hídrico regional y, en consecuencia, se ponga en riesgo la integridad y funcionamiento de los ríos (…) Se perderían las culturas de los pueblos indígenas que habitan en todas estas cuencas, así como el potencial de desarrollo sostenible y de cuidado de la tierra asociado a estos cuerpos de agua», se lee en el documento.
Hasta ahora no existe ninguna información de que el gobierno esté realizando acciones efectivas para proteger la riqueza fluvial del territorio sur del país.
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Algunos de los obstáculos existentes para atender esta problemática son la escasa información disponible sobre las condiciones ambientales de la zona; la ausencia de políticas ambientales con criterios técnicos adecuados para los «complejos retos de la gestión ambiental en el contexto actual de emergencia humanitaria compleja»; y la pérdida de la capacidad del Estado para la gestión de áreas protegidas.
«El Estado venezolano está en la obligación de establecer e implementar políticas de gestión ambiental dirigidas a la protección y conservación de los ríos de la Amazonía venezolana como elementos fundamentales de la protección de los derechos humanos, no sólo de la población asentada en sus cuencas, sino en todo el país», sentencia el informe.
Con información Tal Cual
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