El Senado de EEUU divulgó un férreo proyecto de ley bipartidista de control fronterizo, considerado ya por algunos políticos y grupos proinmigrantes como un regreso a la fallida política migratoria del expresidente Donald Trump (2017-2021).
La iniciativa, dada a conocer la noche del domingo, aseguraría recursos para Ucrania e Israel, que es un tema no relacionado con inmigración, y permitiría además al presidente de la nación, Joe Biden, cerrar efectivamente la frontera cuando los cruces sean elevados.
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Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se ha opuesto ya a la propuesta y advertido que estará «muerta» cuando llegue a esa cámara.
La propuesta asigna 20.300 millones de dólares para atender la crisis migratoria e incluye la autorización para que el gobierno expulse a los extranjeros cuando el número de aquellos que cruzan la frontera supere los umbrales diarios establecidos.
El plan fue elaborado por los senadores James Lankford, Chris Murphy y Kyrsen Sinema, republicano, demócrata e independiente, respectivamente.
La asignación de recursos para lidiar con la crisis migratoria es parte de un programa de 118.280 millones de dólares que incluye 60.060 millones de dólares en asistencia a Ucrania, y 14.100 millones de dólares en ayuda a Israel.
Se necesita el apoyo de 60 senadores en un voto de procedimiento fijado para el miércoles.
Claves de la propuesta
El plan pone fin a la práctica conocida como «detención y liberación», bajo la cual los migrantes indocumentados que llegan a la frontera y se presentan a las autoridades pidiendo asilo, son dejados en libertad a la espera de una audiencia ante un juez de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará autorizado a suspender los ingresos de migrantes en la frontera cuando la cifra diaria de detenciones supere el promedio de 4.000 en una semana.
Pero si la cifra supera el promedio diario de 5.000 ingresos durante una semana o el umbral de 8.500 en un día el DHS deberá aplicar la expulsión de migrantes.
Este permiso para que el gobierno federal expulse a los migrantes estará limitado a 270 días durante el primer año de vigencia del plan, 225 días en el segundo año, y 180 días en el tercero.
Una vez que el promedio de ingresos ilegales disminuya en un 75 %, el DHS tendrá un plazo de dos semanas para suspender el uso de esa autorización de emergencia.
Con información 0800Noticias
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