Organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos rechazaron la decisión de la administración de Nicolás Maduro de expulsar del país a los representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, así como la revisión del memorando de cooperación con esta instancia independiente de la ONU.
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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmó en sus redes que esta medida del gobierno venezolano solo «aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos, e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DDHH que se cometen a diario en el país».
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ añadió que los defensores de DDHH también se ven afectados por esta decisión, mientras que el abogado Mario D’Andrea, director de Civilis, expresó su solidaridad con el equipo y señaló que esto «es la evidencia más clara de que vamos hacia el abismo».
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) recordó que «la misión de la ONU ha estado en el país desde el 2019 y su salida aumenta la desprotección de las víctimas de violaciones de DDHH y disminuye la observancia».
El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó sobre la expulsión de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), a quiénes se les dio 72 horas para abandonar el país, por su supuestos «ataques exacerbados» contra Venezuela.
El canciller anunció además que se suspenden las actividades de esta Oficina y se revisarán los acuerdos firmados con ella en los próximos 30 días.
La Oficina de Cooperación Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue instalada –a través de la firma de un memorando de cooperación– en el año 2019, tras una visita de la entonces comisionada Michelle Bachelet, con el objetivo de revisar en el terreno las denuncias sobre violaciones a DDHH, así como brindar asistencia técnica al Estado para mejorar la situación en este sentido.
La cooperación entre esta instancia de la ONU y el gobierno venezolano se reafirmó el año pasado, tras la visita del Alto Comisionado Volker Türk. Tras la detención de la activista y abogada Rocío San Miguel, el pasado 9 de febrero, la Oacnudh indicó que podría tratarse de una desaparición forzada. Sin embargo, la mañana de este jueves se tomó nota de su lugar de detención y se solicitó que se respeten «las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa» de la presidenta de Control Ciudadano.
Con información de Tal Cual
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