Una firma de abogados interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda de nulidad por inconstitucional en contra de la Ley de Protección de Pensiones de Seguridad Social debido a que transfiere obligaciones del gobierno a particulares.
El Despacho de Abogados Borges Prim y Asociados estuvo a cargo de la demanda ante la Sala Constitucional e incluyó el pedido de nulidad de la Providencia Administrativa del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
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La ley, aprobada en mayo por la Asamblea Nacional, obliga a las empresas privadas a aportar a un fondo de pensiones el 9 % de los pagos a los trabajadores por concepto de salarios y bonos.
Borges Prim y Asociados explicó en su cuenta en Instagram que el fundamento de su demanda radica en que tanto la ley como la providencia violentan derechos de rango constitucional.
Argumentó que las normativas suponen una arbitrariedad al desconocer lo que el constituyente delimitó de manera expresa como obligación del Estado.
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La seguridad social equivale a un conjunto de políticas y programas que los gobiernos deben implementar para cumplir con sus obligaciones económicas, sociales y culturales, y estas -explicó la firma de abogados- no pueden ser transferidas a los particulares bajo ningún pretexto.
Diversos gremios empresariales han reaccionado a la aprobación de la norma manifestando su preocupación sobre el impacto que pueda tener en el sector privado.
Fedecámaras alertó sobre la mayor presión fiscal que supone para las empresas la nueva Ley de Pensiones y sugirió que su implementación debe estar acompañada de incentivos para el sector privado.
Con información El Carabobeño
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