El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este jueves 18 de julio que familiares denunciaron la desaparición de 21 presos de las cárceles Yare II, en Miranda, y la Comunidad de Coro, en Falcón.
“No nos dan información, no sabemos su paradero. Estamos desesperados”, manifestaron los familiares de los privados de libertad a la organización no gubernamental (ONG) en una nota de prensa. Aseguran que las autoridades sacaron a los presos en autobuses.
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El OVP registró en la cárcel de Yare II, en Miranda, el traslado de siete de los reclusos el 29 de junio, sin una notificación previa a los familiares. En el caso de la Comunidad Penitenciaria en Coro, se repitió esta misma situación con 14 de los detenidos el 4 de julio.
En Falcón, el traslado se realizó tras una requisa del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) del Ministerio de Servicio Penitenciario en la prisión.
La falta respuesta de las autoridades
De acuerdo con el OVP, los familiares de los reclusos del Yare II pidieron respuesta a los funcionarios de la prisión, pero les dijeron que no tenían autorización para dar esa información.
Asimismo, acudieron a otros centros penales ubicados en el estado Miranda, pero no obtuvieron información sobre el paradero de los detenidos trasladados.
En el caso de los familiares de los detenidos en Falcón, no obtuvieron una respuesta en concreto de los funcionarios del servicio penitenciario, pero les informaron que posiblemente los presos serían llevados al estado Miranda.
Además, se han presentado en varias oportunidades en la sede del Ministerio de Servicio Penitenciario para exigir una respuesta. El 15 de julio, una funcionaria les aseguró que la información del traslado se había notificado al tribunal.
Por su parte, los tribunales aseguran que no tienen información sobre los traslados. Tampoco han recibido respuestas del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
OVP considera que traslados penitenciarios son un atentado económico contra los familiares de los detenidos
En abril de 2024, el director del OVP, Humberto Prado, aseveró que la reclusión de las personas privadas de libertad se realizan sin considerar la cercanía con sus núcleos familiares.
En su informe El desvío de la justicia: Traslados de las personas privadas de libertad bajo un enfoque de derechos humanos, Prado aseguró que la movilidad de los familiares implica un tiempo y un alto costo económico.
“Al menos el 75 % de los transportes dedicados para el traslado no se encuentran operativos y son los familiares quienes deben pagar la gasolina, los cauchos y todo lo necesario para que los privados de libertad puedan ser presentados ante un tribunal”, destacó.
Además, señaló que hay poco personal para llevar a cabo los traslados, lo cual imposibilita el cumplimiento de los estándares de seguridad. De acuerdo con el OVP, las penitenciarías no notifican al familiar, defensor o representante legal del traslado del recluso.
Con información de El Diario
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