Entre las personas detenidas en las manifestaciones que siguieron a las elecciones presidenciales hay al menos 16 ciudadanos con discapacidad, alertó el diputado Omar Ávila, secretario general de Unidad Visión Venezuela.
«Para citar un par de ejemplos, puedo mencionar a un joven sordo en El Valle, que al salir de su lugar de trabajo fue abordado por la Guardia Nacional Bolivariana. Debido a su discapacidad, no pudo comunicarse con los funcionarios, ya que no maneja la lengua de señas y tampoco sabe leer ni escribir, lo que requiere un sistema alternativo de comunicación provisto por Intérpretes de Lengua de Señas», recordó.
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En la misma fecha «detuvieron a un adolescente con autismo en Los Teques, quien también se encontraba camino a su casa después de su jornada laboral. Este joven, al ser abordado por los cuerpos de seguridad del Estado, no comprendió el motivo de su arresto, debido a su discapacidad».
Foro Penal calcula que hay no menos de 17 personas discapacidad detenidas en el contexto de las manifestaciones contra los resultados oficiales de los comicios.
Ávila recordó a las autoridades competentes «que se debe garantizar el derecho a la libertad y seguridad de las personas, como lo contempla el artículo 17 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este artículo establece que el Estado debe asegurar que las personas con discapacidad privadas de libertad tengan acceso, en igualdad de condiciones, a las garantías conforme al derecho internacional de los derechos humanos y sean tratadas bajo los principios y objetivos de esta Convención, incluyendo la aplicación de ajustes razonables».
El acceso a la justicia debe estar garantizado, sostuvo el legislador, y citó el artículo 13 de la Convención, «que refiere la aplicación de ajustes o adaptaciones en los procedimientos, para facilitar la participación de estas personas en todas las etapas judiciales, desde la investigación hasta las fases preliminares».
La Convención establece que, «a fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y
penitenciario».
Con información de Contrapeso
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