Rocío San Miguel, abogada y directora de la ONG Control Ciudadano, cumplió esta semana 7 meses de haber sido detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía; aprehensión que ha sido catalogada como injusta, pero que, además, está plagada de irregularidades.
Uno de los abogados del equipo de defensores de Rocío San Miguel, Juan González Taguaruco, conversó con Efecto Cocuyo para dar a conocer los avances que hay en el caso de la reconocida activista por los derechos humanos, pero también para explicar los detalles que hacen de este caso una muestra del manejo irregular de las autoridades venezolanas.
Una de las principales denuncias que se hacía durante las primeras semanas de detención de San Miguel es que no se permitía la instalación de la defensa técnica privada y que el Estado le proveía de un abogado público, a pesar de ella contar con un equipo de letrados.
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“No ha sido posible la constitución de la defensa técnica, y en este tribunal, ni tramitan las designaciones hechas por su familia y por el Consulado General del Reino de España antes, ni reciben las nuevas, bajo el argumento absurdo, que el familiar no es parte en el proceso, obviando el contenido del artículo 127.3 del Código Orgánico Procesal Penal”, explicó el abogado.
Sin fechas y sin defensa juramentada, así está el caso de Rocío San Miguel
Solamente hay una persona autorizada para visitar a Rocío San Miguel y es su hija, Miranda Díaz San Miguel, quien también fue detenida el 9 de febrero en Maiquetía y liberada horas después.
“La única persona autorizada para visitar a la Dra. San Miguel, es su hija, quien la visita y la asistencia regularmente, dos veces por semana”, indicó González Taguaruco. El letrado también habló sobre las novedades del caso.
“El expediente seguido a Rocío San Miguel fue remitido el día 3 de septiembre de 2024, al Juzgado Especial 3.º de Terrorismo, a cargo de la juez Alejandra Romero”, dijo el defensor.
Sin embargo, al no poder ser juramentados como su defensa técnica, los abogados de Rocío San Miguel no han tenido acceso a su expediente en todo el tiempo que lleva detenida. González Taguaruco también recordó que todavía, siete meses después de la detención de San Miguel, no hay fecha para la “apertura de la audiencia de juicio oral y público”.
Las autoridades venezolanas vinculan a Rocío San Miguel con una presunta operación denominada “Brazalete blanco”, que buscaba ejecutar un magnicidio en el país. Sin embargo, las palabras del fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, no recibieron crédito por decenas de activistas por los derechos humanos, organizaciones internacionales e incluso cuerpos diplomáticos.
A pesar de las irregularidades, el Ministerio Público decidió avanzar con su investigación en contra de San Miguel y mantener su presunta vinculación en la operación antes mencionada.
Aunque la defensa de la directora de Control Ciudadano no ha podido juramentarse, espera que este año se cumplan con ciertos avances. “La expectativa es que este año se disponga la apertura del juicio, donde seguramente insistirá, en audiencia pública, que designa a sus abogados de confianza”, dijo Juan González Taguaruco a Efecto Cocuyo.
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