La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso «Andrés Trujillo y otros» sobre la «represión ilegal» de las manifestaciones del 11 de abril de 2002 y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad, que ocasionó la muerte de siete personas y al menos otros cinco resultaron lesionados.
El caso 12.582 fue presentado el 9 de julio de 2024 por la CIDH debido a las violaciones del Estado venezolano a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, a la reunión y protección judicial, todos enmarcados en la Convención Americana.
La CIDH aseguró que el Estado venezolano «no justificó un uso legítimo, necesario y proporcionado de la fuerza letal», y es responsable por los asesinatos de manifestantes, que no se demostró que estuvieran armados o atacando a las autoridades.
«Tras más de 20 años el caso no ha sido esclarecido ni se ha condenado a ninguna persona, lo que evidencia una situación de impunidad y falta de una investigación adecuada. Además, notó que no se había probado que las víctimas hubieran obstaculizado la investigación, y que la afectación a la integridad personal de las víctimas podía ser un elemento para acelerar la investigación», destacó la Comisión.
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El Foro Penal, uno de los impulsores del caso, señaló la importancia de esta decisión para las víctimas. «Luego de 22 años, llega a la Corte IDH el caso del 11 de abril de 2002. Fueron nuestros inicios como defensores de derechos humanos. Un trabajo de constancia y compromiso. Importante logro de las víctimas que no se rinden», señaló Alfredo Romero, presidente de la organización.
Mientras que el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo que han trabajado el caso por más de 20 años y también lo destacó como un logro para las víctimas. «La carrera de la defensa de los DDHH es de resistencia, no de velocidad».
El 11 de abril de 2002, Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela convocaron a una manifestación contra los despidos en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La protesta, que se dirigió al Palacio de Miraflores, fue atacada con gases lacrimógenos, disparos y piedras por efectivos de la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana de Caracas y personas no identificadas.
También se reportó la participación de los llamados «Círculos Bolivarianos» para «contrarrestar» la marcha. La CIDH determinó que cerca de la estación de metro «El Silencio» la acción de los efectivos ocasionó la muerte a Jhony Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso.
En la zona «La Pedrera», también se registró la acción de los «Círculos Bolivarianos» que ocasionaron la muerte de Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo, además de lesiones a José Antonio Dávila Uzcátegui, Elías Belmonte Torres, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo.
Con información de Tal Cual
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