Durante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma este martes, Argentina alzó su voz para denunciar la situación de derechos humanos en Venezuela y exigir avances en las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el caso conocido como “Venezuela I”.
Mario Javier Oyarzábal, representante argentino, condenó el asedio contra la embajada de su país en Caracas, donde seis dirigentes opositores se encuentran refugiados desde marzo.
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Denunció que la sede diplomática está rodeada por policías y grupos armados, y pidió salvoconductos inmediatos para garantizar la salida segura de los asilados.
Oyarzábal también destacó el deterioro de la situación política y social en Venezuela tras las elecciones presidenciales.
“Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada”, afirmó el diplomático.
El diplomático subrayó la gravedad de las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otras violaciones fundamentales, exigiendo investigaciones internacionales rigurosas.
«Es imperativo que estas acciones estén a la altura de las expectativas de justicia internacional», concluyó.
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