En la profundidad de El Amazonas, el Parque Nacional Canaima en Venezuela emerge como un paraíso verde. Hogar del Salto Ángel, la cascada ininterrumpida más alta del mundo con más de 975 metros de altura, es fuente de orgullo nacional, una muestra de la singularidad y belleza natural del país, el equivalente venezolano del Gran Cañón, Yellowstone y las Cataratas del Niágara, todo en uno.
Y está al borde de la ruina. Alcanzada por la fiebre del oro que arrasa los estados del sur del país, el frágil ecosistema de Canaima está siendo amenazado por operaciones mineras ilegales que han surgido dentro del parque nacional, amenazando con el mismo tipo de devastación ambiental generalizada que ya ha afectado a otras áreas de los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
Según grupos ambientalistas, actualmente hay al menos 30 sitios mineros diferentes dentro de Canaima. Estos existen en violación de las leyes venezolanas, que prohíben la minería dentro de parques nacionales, y tratados internacionales.
El área fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994 por sus singulares montañas de cima plana, conocidas como Tepuyes, y por su delicada biodiversidad. Algunos expertos temen que la incursión actual de los mineros dentro del parque es solo el principio. “Si no se detiene ahora, esto va a crecer inmensamente y rápido”, dijo al Miami Herald un oficial militar de alto rango que pidió permanecer anónimo para hablar con franqueza.
“A medida que comiencen a encontrar más oro, más gente vendrá y estas minas seguirán creciendo y creciendo”. Cualquier daño ambiental podría ser irreparable, debido a que grandes áreas del parque descansan sobre un lecho de roca sólida y carecen de una capa vegetal significativa. A diferencia de las operaciones mineras en otras áreas más fértiles de la selva amazónica, “cualquier destrucción ambiental aquí podría tardar siglos en recuperarse”, dijo el militar.
Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco, un grupo que aboga por la conservación de la Amazonia venezolana, dijo que Salto Ángel está siendo rodeado por al menos ocho operaciones mineras diferentes. La mayoría de ellas se pueden detectar fácilmente en Google Maps, y una de ellas está en una orilla del río Carrao a menos de 15 millas de la icónica catarata.
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Su organización, que desde 2018 hace seguimiento de la devastación que causa la minería ilegal en el sur de Venezuela, estima que ya se han visto afectadas unas 1,500 hectáreas dentro del parque nacional, con algunas zonas ya despojadas de vegetación.
Pero eso es solo una pequeña fracción de la devastación ambiental que los mineros y, en menor medida los ganaderos, ya han causado en la parte de la selva amazónica del país. Entre 2000 y 2024, unas 820,000 hectáreas de selva han desaparecido, dijo SOS Orinoco en su último informe.
“Esta tendencia se observa con mayor intensidad desde 2015 y se proyecta que continuará en los próximos años, con una posible pérdida de más de 1,300,000 hectáreas para 2025 y 1,500,000 para 2030 si no se toman medidas para contrarrestarla”, advierte el informe.
Las operaciones mineras en cerca de Salto Ángel se llevan a cabo en asociación con la tribu indígena Pemón, que tiene jurisdicción sobre la región.
Las fuentes tenían opiniones diferentes sobre el grado de control que los pemones tiene sobre las operaciones mineras, con algunos describiéndolos como socios silenciosos que reciben pagos de regalías por el derecho a producir oro de sus tierras y otros presentándolos como dueños y administradores que contratan venezolanos no indígenas para trabajar en los sitios.
Pero lo que sí está claro es que el oro ya ha entrado en su forma de vida, y las tribus asentadas en todo el parque nacional han llegado a apreciar la riqueza asociada con la producción del preciado mineral.
Amplié la información en El Nuevo Herald
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