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“Leíto Oficial” será juzgado por delitos de odio contra los venezolanos

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, informó este miércoles que Leonel Moreno, conocido en redes sociales como “Leíto Oficial”, deberá responder ante la justicia venezolana por presuntos delitos de odio contra sus compatriotas, luego de su reciente deportación desde Estados Unidos.

Durante la transmisión de su programa semanal “Con el Mazo Dando”, el dirigente oficialista aseveró que el influencer, quien ganó notoriedad en plataformas como TikTok por sus controversiales contenidos mientras residía en territorio estadounidense, causó “mucho daño a los venezolanos con su actitud”. Cabello enfatizó que ahora Moreno tendrá la oportunidad de rendir cuentas por sus acciones ante las leyes de su país natal.

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“Él ahora tiene que enfrentar delitos de odio aquí en su país contra su propio pueblo, y que se defienda, y que explique, y que madure”, sentenció Cabello durante su programa, dejando entrever la postura del gobierno venezolano ante el caso.

Leonel Moreno, cuya figura pública se infló a raíz de videos en los que presuntamente incitaba a la ocupación ilegal de viviendas en Estados Unidos, ingresó de manera irregular a ese país el 23 de abril de 2022 a través de Eagle Pass, Texas.

Según la información trascendida, Moreno se encontraba bajo un programa migratorio que le exigía presentarse en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de un plazo de 60 días. Al no cumplir con este requerimiento, fue catalogado como fugitivo por las autoridades migratorias estadounidenses, lo que finalmente condujo a su deportación.

El anuncio de Diosdado Cabello abre un nuevo capítulo en la polémica que rodea a “Leíto Oficial”, quien ahora deberá enfrentar las consecuencias legales de sus acciones en Venezuela. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre los cargos específicos que se le imputarán y el curso que tomará el proceso judicial en su contra. Este caso pone de relieve la atención que las autoridades venezolanas están prestando a las acciones de sus ciudadanos en el extranjero, especialmente cuando estas son consideradas perjudiciales para la imagen del país o sus connacionales.

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