A horas de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, el presidente Nicolás Maduro anunció un incremento en los bonos gubernamentales, manteniendo congelado el salario mínimo, una medida que ha generado fuerte controversia en el país. El «bono de guerra económica» para los empleados públicos se elevó de 90 a 120 dólares, y las pensiones se fijaron en 50 dólares. Sin embargo, el bono de alimentación (40 dólares) y el salario mínimo (130 bolívares, aproximadamente 1,48 dólares al cambio oficial) permanecen inalterados.
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La decisión de Maduro de ajustar los bonos, y no el salario base, ha sido criticada por sindicatos y trabajadores, quienes señalan que estos bonos no impactan los pasivos laborales y no son percibidos por todos los trabajadores. El último ajuste salarial se realizó en marzo de 2022, cuando el salario mínimo se fijó en 130 bolívares, equivalentes en ese momento a unos 30 dólares.
Durante un acto de entrega de viviendas en el estado Bolívar, Maduro anunció la creación de un «Bono Unificado de Protección a la familia trabajadora», que se activaría a partir del 1 de mayo. Esta medida se suma a la promesa hecha a principios de abril, de destinar parte de la recaudación de impuestos al «ingreso integral indexado», un término que ha reemplazado gradualmente el concepto de salario mínimo en el discurso oficial.
La realidad económica de los venezolanos es crítica: los ingresos son los más bajos de la región y no alcanzan a cubrir ni un tercio de la canasta básica alimentaria, valorada en 526 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FMV).
Trabajadores del sector público continúan exigiendo un aumento del salario mínimo y las pensiones a 200 dólares, independientemente de los bonos otorgados por el gobierno, argumentando que solo un salario digno puede aliviar la grave crisis económica que atraviesa el país.
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