Amnistía Internacional (AI) emitió hoy una contundente alerta sobre la situación en El Salvador, acusando al gobierno de profundizar un «patrón autoritario» en su respuesta al creciente descontento social. La organización, junto a otras siete entidades internacionales de derechos humanos, denunció el «uso excesivo de la fuerza, la militarización indebida, la criminalización de la protesta y amenazas de restringir aún más el espacio cívico» por parte de las autoridades salvadoreñas.
En un comunicado conjunto, las organizaciones señalan que estas represivas se han dirigido contra diversas expresiones sociales que legítimamente exigen acciones mejoras en sus condiciones de vida y una mayor rendición de cuentas por parte del Estado.
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La alerta de AI se centra en los recientes acontecimientos de mayo, cuando el gobierno intentó mitigar el descontento generado por el cierre de una vía crucial ofreciendo transporte público gratuito por una semana. Sin embargo, la medida, según informes de diversos medios, careció de coordinación con el gremio de transportistas, lo que resultó en deficiencias en el servicio y aumentó la frustración ciudadana.
La respuesta del gobierno a las quejas no se hizo esperar, ordenando la detención de 16 transportistas bajo acusación de delitos sin una «base fáctica clara o sustento legal», según denuncia Amnistía Internacional. La situación tomó un giro trágico con la caída de uno de los transportistas bajo custodia estatal en un centro de detención de la Policía Nacional Civil. Si bien la causa de la muerte aún se desconoce, AI subraya que ocurrió en un contexto de «cientos de denuncias sobre condiciones de detención que constituyen tortura u otros malos tratos y que se han agravado con el hacinamiento derivado del régimen de excepción».
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La organización también expuso el caso de una protesta de familias rurales contra un desalojo, donde, por primera vez, se desplegó a la Policía Militar, una fuerza sin competencia legal en materia de orden público, junto con la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil. La intervención resultó en un «uso abusivo de la fuerza» contra los manifestantes, incluyendo agresiones físicas y la detención arbitraria del defensor ambientalista Alejandro Henríquez y del pastor José Ángel Pérez.
Las organizaciones firmantes del comunicado enfatizaron que «la represión no debe ser la respuesta a demandas sociales legítimas», advirtiendo que estas acciones «aumentan la tensión y deterioran la confianza en las instituciones». Calificaron el uso ilegítimo de la fuerza, la criminalización de defensores de derechos humanos y la instrumentalización del sistema penal como «prácticas autoritarias» inaceptables.
En este clima de tensión, el presidente Nayib Bukele reaccionó acusando, sin presentar pruebas, a las organizaciones no gubernamentales de «manipular» a los manifestantes y anunció su intención de enviar al Congreso una polémica Ley de Agentes Extranjeros. Esta normativa establecería un impuesto del 30% a las donaciones recibidas por las organizaciones sociales, argumentando Bukele en su cuenta de X (antes Twitter) que las personas fueron «manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas».
Bukele defendió su proyecto de ley afirmando que «todos ganan», permitiendo a las familias saldar deudas ya las ONG cumplir su «supuesto propósito de ayudar al pueblo». Sin embargo, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió que «con esta ley, el gobierno no solo busca silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que denuncian abusos, sino que también golpea directamente a las personas que reciben su asistencia y acompañamiento».
Ante esta grave situación, las organizaciones firmantes exigen al Estado salvadoreño la «liberación inmediata de las personas detenidas solo por ejercer sus derechos» y una «investigación efectiva e independiente sobre la muerte del transportista bajo custodia estatal». Asimismo, instan a crear mecanismos para canalizar las demandas sociales legítimas garantizando los derechos de quienes alzan su voz ya desistir de cualquier intento legislativo que sancione el trabajo legítimo de las organizaciones de derechos humanos y quienes acompañan a las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.
Con información EFE
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