Una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha sumido a alrededor de 350,000 inmigrantes venezolanos en un precario limbo migratorio, enfrentando la amenaza inminente de la deportación. Expertos en derecho migratorio califican el fallo como la «más grande privación» de estatus legal a extranjeros en la historia moderna del país.
El máximo tribunal estadounidense, a través de una escueta resolución de tan solo dos párrafos emitida este lunes, anuló una orden de emergencia de una instancia judicial inferior en California que bloqueaba la decisión de la Casa Blanca de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos, otorgado por la administración anterior.
Este dictamen representa un golpe devastador para los cientos de miles de ciudadanos del país caribeño, quienes ahora podrían perder su permiso de trabajo y la protección contra la deportación que el amparo les confería. A pesar de la decisión, la batalla legal, encabezada por seis venezolanos y la Alianza TPS, aún no ha terminado.
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«La pérdida inmediata de nuestro TPS nos causa un daño extraordinario. Ahora tememos ser deportados y tendremos dificultades para mantenernos», expresó este lunes en un comunicado una de las venezolanas demandantes en el caso, identificada como E.R.
La Administración del presidente Donald Trump ha sostenido que el TPS para Venezuela contraviene el «interés nacional» de EE.UU. y ha argumentado que la Justicia carece de la potestad para dirimir asuntos de política migratoria considerados «urgentes».
La falta de un pronunciamiento claro por parte del Supremo ha sumido a los inmigrantes en una profunda incertidumbre, mientras que los abogados demandantes esperan el siguiente paso del Gobierno de Trump. Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y uno de los abogados que presentó la demanda, explicó en una conferencia de prensa que la Casa Blanca tiene ahora la potestad de eliminar de inmediato la protección, otorgar un plazo de 60 días, o aguardar la resolución definitiva de la querella legal.
«El impacto humanitario y económico de la decisión de la Corte se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones», sentenció Arulanantham.
Una Decisión «Histórica» y Preocupante
Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), una de las organizaciones que ha respaldado el litigio, declaró a EFE que esta es «la primera vez en la historia moderna» que se le retira el estatus legal a tantos inmigrantes en Estados Unidos. El activista cuestionó la decisión de los máximos magistrados, sugiriendo que podría estar influenciada por la «política» y la campaña del presidente Trump contra los venezolanos.
«Todo esto hace parte de una campaña para infundir miedo y terror, porque el Ejecutivo estadounidense ya había dado esa protección que está definida por la ley a países con conflictos políticos o estragos naturales, y ahora está revirtiéndola sin razón», señaló Alvarado. En este contexto, E.R. reiteró la imposibilidad de regresar de forma segura a Venezuela para ella y su hija.
Por su parte, Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, quien también representa a los demandantes, indicó que el Supremo «también desmanteló» las protecciones legales diseñadas para limitar la discreción ejecutiva y «politizar la toma de decisiones sobre la ayuda humanitaria generalizada».
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional por el TPS, conformada en 2018 tras el intento de Trump de poner fin a la protección a más de 400,000 inmigrantes, interpretó la decisión contra el amparo de los venezolanos como un ataque a todos los beneficiarios. Actualmente, inmigrantes de unos 16 países están protegidos por el TPS, incluyendo cerca de 200,000 salvadoreños que cuentan con el amparo desde 2001.
Adelis Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, aunque reconoció que este fue un día «muy difícil», enfatizó que marca una nueva etapa en la lucha. «No están solos, la casa de todos es aquí», afirmó.
El Tribunal Supremo evalúa otra apelación de emergencia de la Administración Trump, derivada de sus esfuerzos por revocar el permiso humanitario conocido como CHNV, que permitió el ingreso a Estados Unidos de cerca de 500,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La comunidad inmigrante y sus defensores permanecen en alerta ante las futuras implicaciones de estas decisiones judiciales.
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