La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado condenando enérgicamente el atentado con armas de fuego perpetrado el pasado 13 de octubre contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche en la ciudad de Bogotá, Colombia. La entidad internacional ha instado a las autoridades colombianas a iniciar una investigación urgente, exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos y determinar a los responsables de este acto de violencia.
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El incidente ocurrió cuando Velásquez, defensor de derechos LGBTI, y Peche, consultor político, salían de un edificio residencial en la capital colombiana. Ambos recibieron varios impactos de bala.
El activista Yendri Velásquez fue reportado con heridas graves y tuvo que ser sometido a al menos tres intervenciones quirúrgicas de emergencia, aunque su estado es estable. La Policía de Colombia incautó el vehículo utilizado por los atacantes y mantiene abiertas las líneas de investigación.
Un llamado al fortalecimiento de la protección
La CIDH manifestó su profunda preocupación por la violencia dirigida específicamente contra personas que ejercen la defensa de los derechos humanos. En este contexto, el organismo recordó la especial vulnerabilidad de los activistas que se encuentran en situación de refugio o exilio.
Yendri Velásquez ya contaba con una solicitud de protección internacional en trámite ante las autoridades colombianas, debido a previas denuncias sobre posibles represalias relacionadas con su activismo en su país de origen.
La Comisión hizo un llamado directo al Estado colombiano para que adopte medidas efectivas y preventivas, con el fin de proteger la vida e integridad de los defensores y activistas que han buscado refugio en su territorio. Este requerimiento incluye la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección existentes y garantizar una respuesta institucional rápida frente a cualquier acto de violencia que afecte a quienes se dedican a la promoción de los derechos fundamentales.
La obligación de garantizar la seguridad
La CIDH subrayó que la obligación de garantizar la vida, la integridad y la seguridad recae en los Estados, especialmente cuando se trata de personas cuya labor en la defensa de los derechos humanos las coloca en una situación de mayor riesgo.
Este ataque subraya los desafíos que enfrentan los defensores exiliados y la urgencia de que los países de acogida, como Colombia, refuercen sus políticas de seguridad para esta población. El organismo continuará monitoreando el desarrollo de las investigaciones y las acciones que el gobierno colombiano implemente para asegurar la justicia en el caso de Yendri Velásquez y Luis Peche.
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