Una nueva denuncia sobre la detención de profesionales y estudiantes ha encendido las alarmas en el ámbito universitario y de derechos humanos en Venezuela. Dos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y dos productores audiovisuales fueron retenidos por fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Tocorón, ubicado en el estado Aragua. La acción se produjo mientras el grupo realizaba labores de documentación para un proyecto de índole académica.
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Los jóvenes, identificados como Noel Cisneros y Katiuska Castillo Vásquez, ambos estudiantes de la Escuela de Artes de la UCV, se encontraban junto a las productoras Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra.
Su objetivo en la zona era capturar imágenes de la fachada del centro penitenciario como parte de la preproducción para su trabajo especial de grado, un proyecto enfocado en el espacio y la arquitectura.
De proyecto académico a detención policial
Según la denuncia formulada por la ONG Surgentes Colectivo de Derechos Humanos, el grupo fue abordado inicialmente por personal de la custodia perimetral de la cárcel, quienes solicitaron sus identificaciones.
Tras ser informados de que serían trasladados para una supuesta entrevista, la situación escaló. Horas más tarde, patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) procedieron a la detención formal de las cuatro personas, sin ofrecer información clara sobre los motivos o cargos.
La falta de información oficial sobre el paradero y la situación legal de los jóvenes ha generado una profunda inquietud entre sus familiares, compañeros de la UCV y organizaciones que defienden la libertad de expresión.
Esta retención se suma a una serie de incidentes que, según diversas organizaciones, limitan el trabajo de la prensa y la documentación de la realidad nacional, especialmente en zonas sensibles.
El caso de estos productores audiovisuales y estudiantes destaca la creciente dificultad que enfrentan quienes intentan documentar o ejercer la libertad de expresión en el país. Las organizaciones de derechos humanos han exigido de forma inmediata el esclarecimiento de la situación y el respeto a la integridad física y los derechos de los detenidos.
La comunidad universitaria, por su parte, se mantiene atenta a cualquier novedad sobre la liberación de los jóvenes y la resolución de esta situación.
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