En una postura que ratifica la inflexibilidad del oficialismo venezolano, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha establecido de forma tajante las condiciones para cualquier debate político en la nación con la oposición.
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El dirigente chavista, haciendo un llamado frontal a los sectores adversos al gobierno, fue enfático al declarar que «no hay negociación con oposición», desestimando cualquier llamado a diálogos que, a su juicio, pretendan socavar el ordenamiento jurídico.
«La única negociación es que respeten la Constitución, aquí hubo elecciones y ganó Nicolás Maduro«.
Este pronunciamiento refuerza la línea del ofialismo, canalizando la atención hacia el acatamiento irrestricto de la ley fundamental.
Cabello recalcó que el único camino para la resolución de conflictos y la convivencia democrática es el texto aprobado por el pueblo.
Su mensaje central a los adversarios fue claro y directo, sirviendo como una advertencia inamovible: «respeten la Constitución», refiriéndose a la Carta Magna de 1999 como el pilar fundamental e innegociable, cerrando así la puerta a propuestas que busquen soluciones por fuera del marco legal establecido.
La Constitución no es un documento sujeto a concesiones, sino la base de la soberanía nacional, recalcó.
La declaración adquiere una relevancia noticiosa en medio de las persistentes peticiones de la comunidad internacional y de figuras de la oposición para reanudar mesas de negociación política que aborden temas cruciales para el futuro del país.
No obstante, al asegurar que «no hay negociación», el número dos del chavismo busca consolidar la narrativa de que el Estado venezolano ya opera bajo un marco democrático plenamente funcional y que cualquier alteración se interpretará como un intento de desestabilización.
Este enfoque en el respeto constitucional implica que la oposición debe canalizar sus demandas y quejas a través de los mecanismos legales ya existentes.
La posición de Cabello funge como un ultimátum que desafía a los adversarios a actuar dentro de los límites de la institucionalidad vigente, dejando claro que el proceso bolivariano no cederá ante lo que califica de chantajes o agendas extranjeras.
La voluntad popular, expresada en la ley, es el único punto de partida para cualquier entendimiento.
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