Una ola de indignación y preocupación sacude a la comunidad de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, tras la denuncia de un presunto envenenamiento de mascotas que cobró la vida de al menos tres perritos y dos gatos. Los vecinos de un sector residencial han solicitado formalmente la intervención de las autoridades competentes para que se inicie una exhaustiva investigación sobre lo que califican como un acto de crueldad animal Puerto Ordaz deliberado.
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El incidente ha generado un profundo dolor en el vecindario. Según testimonios de los residentes, las mascotas, que eran parte activa y querida de la comunidad, fallecieron tras ingerir presuntamente alimentos contaminados. Uno de los vecinos afectados expresó el sentir colectivo: “Lo que queremos es justicia para mascotas, porque los perritos que fueron envenenados eran del bloque. Nos duele porque había rastros de comida aquí y por allá. Se nota que lo hizo alguien con mala intención”. La evidencia apunta a que el acto fue premeditado y ejecutado con la intención de causar daño.
Ante la gravedad del suceso, la familia de uno de los caninos fallecidos actuó de inmediato, introduciendo una formal denuncia ante el Ministerio Público Venezuela (MP). Este paso es crucial, ya que obliga a los organismos de seguridad a activar los protocolos de investigación necesarios para identificar y sancionar al responsable. El envenenamiento mascotas Bolívar no solo es un acto inmoral, sino también un delito grave tipificado en la Ley de Protección Animal Venezuela.
La normativa vigente establece penas severas para quienes incurran en maltrato o crueldad animal, y la comunidad espera que la Fiscalía asuma el caso con la celeridad y seriedad que merece. El presunto envenenador no solo atentó contra la vida de indefensos animales, sino que también generó zozobra y miedo entre los habitantes, quienes temen por la seguridad de otras mascotas y la presencia de un individuo peligroso en el área.
El llamado de los vecinos es unánime: la justicia debe prevalecer. Es imperativo que el MP y los cuerpos policiales realicen las experticias forenses necesarias para determinar el tipo de veneno utilizado y, a través de la recolección de pruebas y testimonios, dar con el paradero del autor de este condenable crimen contra la vida animal.
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