Leynys Malavé, la viuda del exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, ha emitido una declaración contundente, negándose a aceptar el relato oficial sobre el fallecimiento de su esposo, quien perdió la vida mientras se encontraba bajo custodia en una sede de seguridad estatal.
En un emotivo mensaje, Malavé responsabilizó a las autoridades competentes por la tragedia y por las condiciones que llevaron a la muerte del exgobernador.
Rechazo a la versión oficial
Malavé, sosteniendo un retrato de su esposo, fue categórica al rechazar la versión que apunta a un infarto como causa de la muerte de Alfredo Díaz.
Sus declaraciones apuntan a una causa distinta y exigen una investigación seria sobre el manejo de la situación por parte de los cuerpos de seguridad.
«De un infarto no murió. Él no murió», afirmó la viuda, pidiendo que se investigue a fondo lo ocurrido. «Me lo mataron y me lo mataron», sentenció.
La posición de la esposa del exgobernador transforma el caso de un deceso natural a una presunta muerte bajo circunstancias irregulares mientras estaba bajo la custodia del Estado, un hecho que requiere de inmediato la atención de los entes internacionales.
Cuestionamientos sobre la custodia y asistencia médica
La viuda centró su testimonio en las circunstancias inusuales dentro del centro de reclusión, específicamente en las acciones del personal de seguridad antes del fallecimiento.
Leynys Malavé planteó preguntas directas sobre el protocolo de vigilancia y la presencia de oficiales en la celda. «¿Qué hacían tres policías que le metieron a él en su celda? ¿Para qué? ¿Qué hacían tres policías vigilando?».
La viuda también señaló el incumplimiento del deber de las autoridades con respecto a la salud del detenido: «Si él sintió un dolor, ¿por qué no lo llevaron al médico a tiempo? Porque él estaba bajo la custodia de ustedes», reclamó.
Este señalamiento subraya el hecho de que el Estado, al tener a una persona bajo su resguardo, tiene la obligación constitucional de velar por su integridad física y garantizar el acceso inmediato a la asistencia médica.
Las organizaciones de Derechos Humanos se mantienen atentas a las acciones que se tomen para esclarecer estas fallas en la cadena de custodia.
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