La Plataforma Unitaria Democrática informó que, hasta la noche de este domingo 22 de febrero, se han contabilizado 536 personas excarceladas en Venezuela, incluyendo al periodista y humorista Deivis Correa.
Este proceso se reactivó con mayor fuerza tras el anuncio de «liberaciones masivas» realizado por Jorge Rodríguez el pasado 8 de enero; sin embargo, las cifras revelan que todavía permanecen tras las rejas 576 presos políticos en distintos centros de reclusión del país.
Desde la coalición opositora se hizo un llamado urgente a las autoridades para que el proceso no se detenga.
«Exigimos una vez más procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos. Para la libertad de todos solo se necesita voluntad política», señaló la Plataforma Unitaria a través de sus canales oficiales, enfatizando que la sociedad venezolana clama por una resolución inmediata para quienes siguen privados de su libertad por motivos políticos.
Deivis Correa fue excarcelado
El humorista y periodista venezolano Deivis Correa obtuvo su libertad este domingo 22 de febrero de 2026, sumándose a la lista de ciudadanos que han sido beneficiados por los recientes procesos de excarcelación en el país.
El comunicador social y humorista venezolano Deivis Correa obtuvo su libertad plena, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y diversos familiares, quienes celebraron el fin de una reclusión que se extendió por un año, seis meses y 22 días en la sede del Sebin, conocida como El Helicoide.
Correa se suma al grupo de ciudadanos que han sido excarcelados en las últimas horas, en medio de una fuerte presión nacional e internacional por la libertad de quienes permanecen detenidos por motivos políticos.
«¡Libertad plena para todos!», fue el mensaje que acompañó la confirmación de su salida, destacando que, a diferencia de otros casos, Correa recibió una medida de libertad sin restricciones inmediatas.
La detención de Deivis Correa ocurrió el 31 de julio de 2024, apenas tres días después de los comicios presidenciales, en el marco de las protestas postelectorales que sacudieron al país.
Correa, quien es conocido por utilizar el humor y la sátira para abordar la realidad venezolana, fue aprehendido tras una orden de captura que lo vinculaba con presuntos delitos de instigación al odio y asociación para delinquir.
Durante su tiempo en El Helicoide, su caso fue visibilizado por organizaciones defensoras de los derechos humanos como un ejemplo de la persecución contra los trabajadores de la prensa y creadores de contenido.
Su esposa loderizó una campaña constante exigiendo su liberación, relatando en diversas ocasiones el impacto emocional y familiar que supuso su ausencia prolongada bajo acusaciones que sus abogados siempre calificaron como desproporcionadas y sin sustento legal claro.
Críticas de las ONG y el alcance de la Ley de Amnistía
A pesar del avance en el número de salidas de los centros de reclusión, diversas organizaciones no gubernamentales han manifestado su preocupación por las condiciones en las que se producen estas medidas.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, ha sido enfático al señalar que estas excarcelaciones se están ejecutando «a cuentagotas» y que, en la gran mayoría de los casos, no se trata de una libertad plena, sino del otorgamiento de medidas cautelares que mantienen a los ciudadanos sujetos a procesos judiciales.
Respecto a la recientemente aprobada Ley de Amnistía, Romero advirtió sobre las exclusiones que contempla el texto legal.
Según sus análisis, cerca de 400 presos políticos no serían beneficiados por esta ley debido a las tipificaciones de los delitos que se les imputan, lo que dejaría a un grupo significativo de personas sin una solución jurídica a corto plazo.
A juicio de Romero, este instrumento legal que busca dar amnistía a los presos políticos «Es una ley limitativa, con efectos positivos, porque beneficiará a algunas personas, que son perseguidos políticos, pero que también excluye a un gran grupo de personas. Por un lado, limita los delitos y, por otro, establece hechos específicos que son excluidos».
Romero ejemplificó que los casos de homicidio intencional o corrupción no entran en la ley, «lo que, en un principio, estaría bien si no fuera porque las causas políticas no son justas», explicó al tiempo que comentó que hay casos de presos políticos acusados y sentenciados por homicidio, siendo inoce res.Como es el caso de los Policías Metropolitanos, detenidos en 2002 y condenados a 30 años de prisión. «Se ha castigado a las personas para excluirlas del juego político», enfatizó Romero.
Voces de alerta sobre el proceso
Por su parte, organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón han documentado que la incertidumbre reina entre los familiares de los 576 detenidos que aún esperan su boleta de excarcelación.
La abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Suju, también ha cuestionado la transparencia del proceso, denunciando que las liberaciones se utilizan en ocasiones como fichas de negociación política mientras se mantiene la estructura de persecución intacta.
La exigencia de las organizaciones civiles es unánime: El Estado debe garantizar que la amnistía y los procesos de liberación se traduzcan en libertades reales y definitivas.
Mientras tanto, el país observa con atención el cumplimiento de las promesas oficiales de despejar las cárceles de quienes han sido detenidos por disentir, en un contexto donde la cifra de pendientes sigue siendo alarmante para los defensores de los derechos fundamentales.
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