Venezuela dijo el martes que la Organización de los Estados Americanos -OEA- no tiene competencia para opinar ni exigir transparencia en la elección de fiscal general y defensor del pueblo.
En redes sociales, el canciller Yván Gil recordó que su país «no forma parte» del organismo, por lo que resulta «profundamente disonante que un funcionario de esa instancia pretenda opinar sobre procesos que corresponden exclusivamente al pueblo venezolano y a su orden constitucional».
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«Sorprende que el actual secretario general pretenda invocar el nefasto legado de su antecesor, Luis Almagro. Venezuela continuará su curso de autodeterminación, derecho inalienable de su pueblo», agregó.
El ministro compartió una captura del mensaje publicado en X por el líder de la OEA, el surinamés Albert Ramdin, sobre la que Gil puso la palabra «desatinado».
En X, Ramdin expresó que las autoridades venezolanas «deben asegurar que los procesos de designación del fiscal general y del defensor del pueblo cumplan con estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana».
Sin «reglas claras» ni «públicas»
Recientemente, varias ONG venezolanas denunciaron la «ausencia de reglas claras y públicas» sobre el procedimiento y los criterios de evaluación y, en ese sentido, señalaron que no se ha publicado el reglamento, el cronograma ni el «baremo que será utilizado para evaluar las credenciales».
El proceso se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos militantes al chavismo y anteriores fiscal general y defensor del pueblo, dimitieron en febrero a los cargos.
El Parlamento, controlado por el chavismo, informó el viernes que recibió 21 nuevas postulaciones, 18 para el cargo de defensor del pueblo y 3 para el de fiscal general, tras una prórroga de 48 horas que venció el jueves.
Entre los postulados al cargo de defensor destaca el periodista Vladimir Villegas, hermano del exministro de Cultura Ernesto Villegas, quien se había inscrito para optar por el puesto pero finalmente se retiró.
En total, para la Defensoría del Pueblo hay 78 postulaciones, mientras que para la Fiscalía General hay 76.
Este proceso se lleva a cabo en medio de la aplicación de la amnistía aprobada en febrero que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999, aunque la norma solo contempla 13 «hechos» ocurridos en 13 años.
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