La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) emitió este lunes una denuncia a través de sus canales oficiales respecto a la capacidad adquisitiva de los trabajadores y pensionados en el país. Según el reporte de la ONG, el salario mínimo y las pensiones en Venezuela equivalen actualmente a 27 centavos de dólar americano, cifra que califican como la más baja a escala global.
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El monto legal vigente se mantiene estancado en 130 bolívares desde hace cuatro años. Esta cifra, que sirve como base para el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones y otros beneficios contractuales, ha experimentado una depreciación progresiva frente a la cotización de la divisa extranjera, impactando directamente en la calidad de vida de la fuerza laboral y los adultos mayores.
Contraste con los estándares internacionales de pobreza
La organización fundamenta su reclamo en el Artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual establece el derecho de todo trabajador a percibir un salario digno que le permita cubrir sus necesidades básicas y las de su familia.
En este sentido, Provea destacó la brecha existente entre el ingreso mensual venezolano y los indicadores internacionales de vulnerabilidad económica:
- Umbral de pobreza extrema (ONU/Banco Mundial): Establecido en 2,15 dólares diarios.
- Realidad venezolana: El ingreso base se sitúa en 0,27 dólares mensuales, lo que coloca a la población receptora significativamente por debajo de los estándares globales de subsistencia.
Impacto en los beneficios laborales y la economía familiar
El estancamiento del salario mínimo no solo afecta el flujo de caja diario de los ciudadanos, sino que incide en el patrimonio a largo plazo de los empleados públicos y privados. Al ser la base de cálculo para las prestaciones y otros pagos laborales, la pérdida de valor del bolívar diluye los ahorros de años de servicio, un fenómeno que ha sido objeto de preocupación para diversos gremios sindicales y académicos.
La ONG planteó la interrogante sobre la capacidad de compra real de los 130 bolívares, en un mercado donde los productos de la canasta básica se rigen mayoritariamente por precios internacionales. Hasta el momento, las autoridades competentes no han anunciado ajustes en el ingreso básico, manteniendo la política de complementos mediante bonificaciones que no tienen incidencia en el cálculo de los beneficios sociales establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo.
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