El Laboratorio de Paz propone 10 criterios que considera “irrenunciables” para orientar un eventual proceso de justicia en transición en Venezuela. El objetivo, indicó en un informe, es establecer bases éticas, institucionales y sociales para una futura democracia.
El documento señala que, en contextos de transición democrática, la justicia es un elemento fundamental y no secundario, ya que no solo implica cerrar una etapa de abusos, sino también sentar las condiciones para la convivencia democrática.
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Asimismo, advierte que la estabilidad sin justicia puede ser frágil, la reconciliación sin verdad incompleta y la paz sin rendición de cuentas reversible.
“Estos criterios no son una propuesta abstracta ni negociable. Son mínimos necesarios para evitar la repetición de abusos, reconocer a las víctimas y reconstruir la confianza social”, indica.
La ONG aclara: “Este decálogo reúne 10 criterios irrenunciables para orientar procesos de justicia en transición. No son fórmulas rígidas, sino principios mínimos que buscan evitar la impunidad, reconocer a las víctimas y sentar las condiciones para una convivencia democrática duradera”.
¿Cuáles son los 10 criterios “irrenunciables”?
1. El decálogo de la organización establece, en primer lugar, que no debe haber impunidad para crímenes graves, como torturas, ejecuciones o desapariciones, que deben investigarse y sancionarse.
Agregó que una transición democrática no sería sostenible si estos hechos quedan sin consecuencias.
2. En segundo lugar, planteó que la justicia penal es obligatoria y subrayó que los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar conforme a estándares internacionales.
Advirtió que otros mecanismos no sustituyen los procesos judiciales.
3. En el tercer criterio el Laboratorio de Paz rechazó que las amnistías que encubran crímenes graves, al considerar que no tienen compatibilidad con el derecho internacional las medidas que impidan juzgar a los responsables de violaciones de derechos humanos.
4. El cuarto principio, indicó la ONG, es que la verdad es un derecho, no una concesión. Según el documento, tanto las víctimas como la sociedad tienen derecho a conocer lo ocurrido, incluyendo responsabilidades, sin que esta verdad sea parcial o negociada.
5. La organización ubica a las víctimas en el centro del proceso porque deben recibir reconocimiento como sujetos de derechos, con atención a su dignidad, voz y necesidades, así como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado.
6. Asimismo, añadió que el sexto principio aborda la reparación integral y enfatizó que no se limita a compensaciones económicas, sino que incluye reconocimiento público, memoria, atención psicosocial y restitución de derechos.
7. El séptimo criterio habla sobre la necesidad de reformas para garantizar la no repetición de los abusos, incluyendo transformaciones en el sistema judicial, las fuerzas de seguridad y los marcos legales.
8. En octavo lugar, establece que la justicia debe operar con independencia y garantías, con procesos imparciales, transparentes y técnicamente sólidos.
La organización dijo también que la instrumentalización de la justicia también constituye una forma de impunidad.
9. El noveno criterio propone la complementariedad de mecanismos.
Indicó que la justicia penal debe articularse con comisiones de la verdad, políticas de memoria, mecanismos restaurativos e instancias internacionales de derechos humanos.
10. Finalmente, el décimo criterio señala que la justicia establece límites éticos, reconstruir la confianza y sentar las bases de una democracia duradera.
El documento concluye que sin justicia no hay cierre de los procesos y, sin ese cierre, no es posible un nuevo comienzo.
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