La organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza presentó los resultados de su informe anual correspondiente al año 2025, en el cual documentó un total de 386 casos relacionados con incidentes contra la libertad de expresión en Venezuela. El reporte ofrece un balance detallado sobre las condiciones en las que ciudadanos y profesionales de la comunicación ejercieron su derecho a la información durante el pasado período.
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De acuerdo con los datos recopilados, 161 personas fueron detenidas por ejercer su derecho a expresarse. El informe precisa que entre los afectados se encuentran periodistas, economistas y ciudadanos particulares. En diversos casos, estas aprehensiones se ejecutaron sin la presentación de una orden judicial previa y, en algunas situaciones, los familiares reportaron desconocer el paradero de los detenidos durante las primeras horas de la custodia.
Restricciones en el ámbito digital
El estudio también destaca la situación de los derechos digitales en el país. Se registraron 166 bloqueos a plataformas de medios independientes, organizaciones de derechos humanos y sitios con información económica. Las investigaciones técnicas señalan que el Estado emplea cuatro métodos distintos para gestionar el acceso a los contenidos en internet, lo que influye directamente en la disponibilidad de información para la ciudadanía.
Un aspecto específico resaltado en el reporte es la detención de 58 personas vinculadas a la publicación de indicadores económicos, específicamente el precio del dólar no oficial. Entre los arrestados figuran académicos y el administrador de la plataforma Monitor Dólar, quienes enfrentaron cargos relacionados con presunto terrorismo. Mientras se mantenían restricciones de acceso a redes sociales como X para la población, el informe señala la operatividad de más de 95 cuentas vinculadas a organismos oficiales en dicha plataforma.
Índices de libertad y clasificación internacional
Las cifras presentadas ubican a Venezuela en el puesto 160 de 180 países en el índice de libertad de prensa. En cuanto a la libertad de internet, el país obtuvo una calificación de 30 sobre 100 puntos. Según los estándares internacionales utilizados en el informe, ambas categorías se sitúan bajo la clasificación de «sin libertad», lo que refleja las dificultades para el ejercicio de la labor informativa y el acceso a datos públicos.
El documento completo, que detalla la metodología y cada uno de los incidentes registrados, ha sido puesto a disposición del público a través del portal oficial de la organización. Estos hallazgos forman parte del monitoreo constante que realizan las instituciones civiles sobre el cumplimiento de las garantías fundamentales y el estado de la comunicación social en la región.
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