La Asamblea Nacional designó este jueves 9 de abril a Larry Devoe Márquez como el nuevo Fiscal General de la República. El nombramiento se realizó tras la sesión ordinaria donde se renovaron las autoridades del Poder Ciudadano, incluyendo la Defensoría del Pueblo.
Devoe, quien ha ejercido como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, asume el cargo en el Ministerio Público tras la salida de Tarek William Saab.
Durante el acto protocolar en el Palacio Federal Legislativo, Devoe Márquez prestó juramento ante la directiva del parlamento y los diputados presentes.
Al ser investido, el nuevo fiscal general de la República juró: «Por la Constitución y las leyes de la República, por el pueblo venezolano y por la justicia, juro cumplir con los deberes que el cargo me impone».
Con este nombramiento, el abogado inicia su gestión al frente de la acción penal en el país, en un periodo que se extenderá durante los próximos años conforme a lo establecido en la normativa legal vigente para los integrantes del Poder Ciudadano.
Larry Devoe Márquez está sancionado
El nombramiento de Larry Devoe como fiscal general se produce mientras el funcionario figura en listas de restricciones de gobiernos extranjeros. Devoe ha sido incluido en listas de sanciones por países como Canadá, bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales.
Estas medidas se basan en su rol como representante institucional del Estado venezolano ante organismos internacionales.
Dichas restricciones internacionales contemplan la prohibición de transacciones financieras y la inmovilización de activos en las jurisdicciones que aplican las medidas.
A pesar de estos señalamientos externos, el Estado venezolano procedió con su designación, manteniendo la línea de continuidad en los cargos de alta responsabilidad jurídica y política del país.
Su trayectoria
Larry Devoe Márquez es un abogado con trayectoria en el ámbito del derecho público y la representación internacional. Se ha desempeñado como agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha liderado la coordinación de informes nacionales ante las Naciones Unidas.
Antes de su designación como fiscal general, su labor principal consistió en dirigir el Consejo Nacional de Derechos Humanos, organismo encargado de articular las políticas públicas en esta materia entre los distintos entes del Ejecutivo.
Su experiencia profesional se ha centrado en la defensa técnica de las actuaciones estatales en foros globales y en la consultoría jurídica de alto nivel.
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