El gobierno de Venezuela impulsa un plan para atraer inversionistas internacionales al sector minero, especialmente en la extracción de oro, hierro y bauxita, con el respaldo de la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
Sin embargo, según Reuters, la iniciativa enfrenta importantes desafíos debido a la inseguridad y el control de grupos armados en las zonas mineras del país.
De acuerdo con testimonios de mineros, residentes y activistas en el estado Bolívar, donde se concentra el llamado Arco Minero del Orinoco, organizaciones criminales y grupos irregulares —incluyendo disidencias de las FARC y el ELN— dominan amplias áreas de explotación, imponiendo reglas, castigos y sistemas de extorsión.
También operan bandas locales como el Tren de Guayana, lo que dificulta la entrada de empresas extranjeras.
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El Ejecutivo, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha promovido una nueva Ley de Minas aprobada por la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, que permite la participación de compañías privadas y extranjeras en la explotación de minerales estratégicos.
La medida busca dn iversificar la economía, fuertemente golpeada por la crisis petrolera, sanciones internacionales e hiperinflación.
Durante una visita en marzo, el secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, afirmó que la normativa brindará garantías a los inversionistas, mientras que Washington ya ha autorizado ciertas transacciones con oro venezolano, incluso con la estatal Minerven. Empresas como Gold Reserve y Trafigura han mostrado interés o iniciado programas vinculados al sector.
No obstante, expertos y actores locales advierten que sin mejoras sustanciales en seguridad, transparencia y control ambiental, será difícil consolidar inversiones sostenibles en Venezuela. Informes de la Consejo de Derechos Humanos de la ONU han denunciado abusos, desapariciones y explotación laboral en estas zonas, así como presunta complicidad de fuerzas militares con actividades ilegales.
Además, organizaciones no gubernamentales han alertado que la nueva ley podría legitimar daños ambientales y violaciones de derechos humanos ya existentes, mientras comunidades indígenas y mineros informales temen quedar desplazados ante la llegada de grandes corporaciones.
Pese al interés internacional, especialistas coinciden en que la compleja realidad del Arco Minero —marcada por violencia, ilegalidad y falta de control estatal— representa un obstáculo clave para el desarrollo de proyectos a gran escala en el país.
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