La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este jueves su Informe Anual 2025, en el cual mantiene a Venezuela dentro del grupo de naciones de «mayor preocupación» en el hemisferio. El organismo advirtió que el país persiste en una situación de “especial gravedad” debido a la ruptura del orden constitucional y la marcada ausencia de independencia en el Poder Judicial.
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En el documento, la Comisión resalta que la persecución a voces disidentes continúa siendo un patrón alarmante que debilita el ejercicio de las libertades fundamentales. Ante este escenario, la CIDH hizo un llamado a la comunidad internacional para mantener una atención urgente sobre el caso venezolano, con el fin de buscar garantías para el respeto de los derechos ciudadanos.
Crisis educativa afecta a niños migrantes venezolanos
Un punto destacado en el reporte anual es la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes migrantes de nacionalidad venezolana. La CIDH alertó que esta población enfrenta barreras administrativas severas para acceder al sistema educativo en los países receptores, como la exigencia de documentos de identidad y certificados de vacunación traducidos a idiomas extranjeros.
La situación es particularmente preocupante en Trinidad y Tobago, donde el organismo documentó un incremento en los índices de analfabetismo y la incidencia del trabajo infantil entre menores venezolanos. Según el informe, estas condiciones son consecuencia directa de las trabas burocráticas que impiden la escolarización de los infantes, limitando su desarrollo integral en el extranjero.
Aumento histórico en solicitudes de medidas de protección
A nivel regional, la CIDH reportó una intensa actividad durante 2025, periodo en el que recibió un total de 3.357 peticiones y registró un aumento del 66% en las solicitudes de medidas cautelares. Este incremento histórico refleja, según el organismo, un panorama de debilidad institucional y violencia que afecta a múltiples sectores de la población en todo el continente.
Actualmente, el organismo mantiene un portafolio de más de 650 medidas cautelares vigentes que protegen a unas 85.000 personas. Además de Venezuela, el Capítulo IV del informe reafirma la preocupación crítica por los contextos de Cuba y Nicaragua, donde se observan patrones similares de restricciones a los derechos fundamentales y debilitamiento de la democracia.
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