Varias ONG rechazaron el pasado jueves que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el «fin» de la amnistía, al considerar esta decisión como «arbitraria e inconstitucional», ya que su derogación no es competencia del Ejecutivo y la norma no establece una caducidad.
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La organización Provea manifestó, a través de sus canales oficiales, que esta decisión constituye una medida inconstitucional que atenta contra los procesos de convivencia y paz anunciados recientemente.
Cuestionan violación a la separación de poderes
Por su parte, Acceso a la Justicia recordó que la Ley de Amnistía no establece una fecha de vencimiento, por lo que el instrumento legal mantiene su vigencia plena.
De acuerdo con el análisis jurídico de Acceso a la Justicia, una normativa de este rango solo puede ser derogada mediante otra ley dictada por el Parlamento o por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En este sentido, advirtieron que la intervención del Ejecutivo representa una intromisión en las competencias legislativas y judiciales del país.
«La intromisión del Ejecutivo nacional en este caso, tanto en las competencias legislativas como en las judiciales, viola los principios constitucionales de separación de poderes», apuntó la organización. Este escenario genera una situación de inseguridad jurídica para quienes podrían beneficiarse de la norma en el futuro.
JEP calificó de atropello al Estado de Derecho
Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) calificó la declaración como un «atropello al Estado de derecho», advirtiendo que deja en vulnerabilidad a las víctimas. La organización señaló que instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo premisas inexistentes en el ordenamiento jurídico envía una señal alarmante al sistema judicial venezolano.
La organización añadió que el desenlace confirma preocupaciones sobre el uso del instrumento legal: «Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos»
Fin de la amnistía
Delcy Rodríguez anunció este jueves que la amnistía «llega a su fin», dos meses después de que se aprobara la ley y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.
La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el «fin» de la Ley de Amnistía y aseguró que los casos que «estaban excluidos expresamente» en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.
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