El gobierno de Estados Unidos (EEUU), mediante el Departamento del Tesoro y a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), autorizó al Gobierno de Venezuela a financiar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en territorio estadounidense enfrentando cargos por narcotráfico.
La medida fue comunicada mediante un documento oficial enviado por el fiscal Jay Clayton al juez del caso, Alvin K. Hellerstein, con fecha del 24 de abril de 2026. En el escrito se detalla que los abogados defensores ya cuentan con las licencias necesarias para recibir estos pagos.
De acuerdo con la resolución, los honorarios legales podrán ser cancelados por el Estado venezolano bajo condiciones específicas. Entre ellas, se establece que los fondos utilizados deben estar disponibles con fecha posterior al 5 de marzo de 2026 y no podrán provenir de fondos de depósito de gobiernos extranjeros.
Hasta ahora, las sanciones impuestas por EEUU impedían el uso de recursos del Estado venezolano para financiar la defensa de los acusados, lo que había generado disputas legales dentro del proceso judicial.
Se destraba uno de los principales conflictos del caso
La autorización de la OFAC resuelve uno de los principales obstáculos en el proceso contra Maduro y Flores, ya que la defensa había argumentado previamente que las restricciones económicas les impedían costear una representación legal adecuada.
Con esta decisión, se abre paso a una nueva fase procesal en la que ambas partes podrán avanzar sin el impedimento financiero que había sido objeto de discusión en audiencias anteriores.
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OFAC establece excepciones
La autorización emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluye una serie de restricciones sobre el origen de los recursos que podrán ser utilizados para financiar la defensa legal.
De acuerdo con las condiciones establecidas, el Gobierno de Venezuela no podrá emplear ingresos provenientes de la venta de petróleo, ni recursos asociados a pagos de gobiernos extranjeros o fondos bloqueados bajo el régimen de sanciones vigente.
Asimismo, se especifica que los fondos deberán estar disponibles y no comprometidos antes de la fecha límite fijada por las autoridades estadounidenses (3 de marzo de 2026), lo que limita el margen de maniobra financiera del Estado venezolano.
Estas excepciones forman parte del esquema de control aplicado por el Departamento del Tesoro de EEUU, que busca permitir el ejercicio del derecho a la defensa sin levantar de forma general las sanciones económicas impuestas a Venezuela.
Tribunal prevé nueva audiencia en los próximos 60 días
Tras el acuerdo, el Ministerio Público solicitó al tribunal fijar una audiencia de seguimiento en un plazo aproximado de 60 días.
Durante ese período, la Fiscalía estadounidense presentará las pruebas del caso, las cuales deberán ser revisadas por la defensa para preparar sus argumentos previos al juicio.
El proceso judicial, que se desarrolla en el Distrito Sur de Nueva York, se mantiene en fase preliminar a la espera de que se complete la etapa de revisión de evidencias.
Maduro y Flores enfrentan cargos por narcotráfico en EEUU
Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 durante un operativo de fuerzas estadounidenses en Caracas y posteriormente trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos federales.
Según la acusación, Maduro es señalado por conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y delitos vinculados al uso de armas.
Las autoridades también lo vinculan con supuestos grupos irregulares dedicado al tráfico de drogas.
En el caso de Flores, los cargos están relacionados con su presunta colaboración en estas operaciones.
Ambos se han declarado inocentes ante el tribunal y calificaron su detención como un hecho de carácter político.
Actualmente, permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn bajo estrictas medidas de seguridad, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Caso avanza hacia etapa clave
Con la autorización para financiar la defensa legal, el caso entra en una etapa determinante, marcada por la presentación de pruebas y la preparación de las estrategias legales de ambas partes.
La decisión de la OFAC permite destrabar un elemento clave del proceso, que podría incidir en el desarrollo y duración del juicio en los tribunales estadounidenses.
TRANSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE LA FISCALÍA DE EEUU
El Honorable Alvin K. Hellerstein
Juez de Distrito de los Estados Unidos
Distrito Sur de Nueva York500 Pearl StreetNueva York, Nueva York 10007
Asunto: Estados Unidos vs. Maduro Moros y Flores de Maduro, S4 11 Cr. 205 (AKH)
Estimado Juez Hellerstein:
Las partes escriben conjuntamente para informar al Tribunal que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha modificado las licencias de los abogados de los acusados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro.
Las licencias modificadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo que (i) los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y (ii) los pagos autorizados no provengan de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros según se define en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026.
El Gobierno entiende que las licencias modificadas han resuelto los asuntos subyacentes a las mociones de los acusados para desestimar la acusación sustitutiva S4 11 Cr. 205 (AKH). (Véanse Dkts. 289, 292). Por lo tanto, los acusados retiran dichas mociones por haber quedado sin objeto, sin perjuicio de volver a presentarlas si surgen cuestiones similares en el futuro. Las partes además solicitan que el Tribunal programe una conferencia de estado dentro de aproximadamente 60 días y que excluya tiempo respecto a ambos acusados conforme a la Ley de Juicio Rápido, de acuerdo con 18 U.S.C. § 3161(h)(7)(A).
El Gobierno sostiene respetuosamente que los intereses de la justicia al conceder la exclusión de tiempo solicitada superan los intereses del público y de los acusados en un juicio rápido, a fin de que el Gobierno pueda producir las pruebas, la defensa pueda revisarlas y considerar qué mociones previas al juicio prevé presentar. Los abogados de ambos acusados han informado al Gobierno que consienten las solicitudes anteriores.
Respetuosamente presentado,
JAY CLAYTON. Fiscal de los Estados Unidos
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