La ONG Espacio Público presentó este miércoles su informe anual correspondiente al año 2025 y el primer balance del cuatrimestre de 2026, revelando que, pese a una disminución estadística respecto al año electoral 2024, los patrones de restricción y castigo al discurso crítico se mantienen vigentes en Venezuela. Durante 2025 se contabilizaron 123 casos y 238 denuncias, mientras que en lo que va de 2026 ya se registran 38 casos y 91 violaciones a este derecho fundamental.
El documento, presentado por la socióloga Marysabel Rodríguez y el director Carlos Correa, detalla que el pico de agresiones ocurrió en enero de 2025, mes que concentró el 33,33 % de los incidentes anuales. Este repunte coincidió con la toma de posesión presidencial y las movilizaciones derivadas de la crisis de legitimidad del proceso electoral previo.
Intimidación y censura como herramientas de control
La intimidación se consolidó como la agresión más frecuente (33,19 %), seguida de cerca por la censura (26,47 %). El informe destaca que el hostigamiento judicial y las restricciones administrativas por parte de entes estatales continúan siendo mecanismos efectivos para silenciar voces disidentes. El Distrito Capital encabeza la lista de regiones con mayor cantidad de incidentes, seguido por Táchira, Bolívar, Lara y Vargas.
Un dato relevante es el asedio al entorno digital, que representó el 53,66 % de los casos. Las redes sociales y plataformas de mensajería se han convertido en zonas de riesgo: de las 44 detenciones arbitrarias registradas en 2025, 17 estuvieron vinculadas directamente al uso de internet, aplicándose en la mayoría de los casos delitos de «instigación al odio».
Criminalización de infociudadanos y periodistas
El informe documenta casos emblemáticos de persecución, como el del médico Alexis Zárraga, arrestado en febrero de 2025 por mensajes en WhatsApp, y el del líder comunitario Manuel Sánchez, sentenciado a 10 años de prisión por denuncias en TikTok. Aunque algunos detenidos, como el estudiante Juan Francisco Alvarado, han logrado la anulación de sus sentencias en 2026, la política de «castigo directo» persiste.
En cuanto al gremio periodístico, los trabajadores de la prensa suman el 34,11 % de las víctimas. Casos como la desaparición forzada del periodista Rory Branker por siete meses y la expulsión del equipo del canal argentino C5N en diciembre pasado, evidencian un entorno de hostilidad ampliado. En lo que va de 2026, aunque no hay periodistas encarcelados actualmente, 22 reporteros fueron detenidos arbitrariamente durante coberturas de calle.
El cierre de medios y la opacidad de Conatel
El derecho a la información en las regiones sigue mermado por el cierre de al menos siete emisoras de radio bajo «opacos argumentos administrativos» de Conatel. Estaciones en Portuguesa y Vargas fueron clausuradas y sus equipos confiscados, lo que, según la ONG, profundiza los «desiertos informativos» en el interior del país y consolida la asfixia a los medios locales.
Instituciones del Estado y cuerpos de seguridad encabezan la lista de victimarios, responsables de más del 70 % de los registros. El informe subraya que las operadoras privadas también figuran en la lista de responsables debido a la ejecución de bloqueos digitales ordenados por el Ejecutivo.
Desafíos para la libertad de expresión en 2026
A pesar del nuevo momento político que atraviesa la nación en este 2026, Espacio Público advierte que los patrones de hostigamiento no han cesado. La organización enfatiza que la recuperación democrática requiere acciones inmediatas, como la liberación plena de todos los detenidos por opinar, el cese de los bloqueos digitales y la derogación de leyes utilizadas para criminalizar el derecho a la información.
«La reconfiguración del poder político no ha frenado el hostigamiento», señala el reporte, insistiendo en que el restablecimiento de las garantías mínimas para la prensa y la ciudadanía es un requisito innegociable para cualquier proceso de transición con garantías en Venezuela.
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