La justicia española tramita la solicitud de extradición a Argentina del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Ephraín Enrique Verdú Torrelles, señalado por su presunta vinculación con el caso Geraldine Moreno.
El proceso forma parte de una causa por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las protestas de 2014.
La petición fue impulsada por la justicia argentina y pasó a revisión de la Audiencia Nacional española, después de que el Consejo de Ministros diera luz verde para continuar con el trámite.
El expediente se enmarca en una investigación que busca determinar responsabilidades por hechos ocurridos durante la represión de manifestaciones antigubernamentales.
¿Qué ocurrió en el caso Geraldine Moreno?
Geraldine Moreno Orozco tenía 23 años cuando murió tras recibir impactos de perdigones en el rostro, durante las protestas registradas en febrero de 2014 en Naguanagua, estado Carabobo.
Su muerte se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la represión ocurrida en ese periodo en Venezuela.
La investigación en Argentina apunta a que Verdú Torrelles habría tenido participación en los hechos que rodearon la muerte de la joven.
El caso fue reactivado por organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, que insisten en la necesidad de juzgar en el exterior los hechos que no han recibido respuesta efectiva en Venezuela.
¿Cómo avanzó el expediente?
De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, la causa tomó impulso cuando la organización InterJust informó a la justicia argentina sobre la presencia del militar retirado en territorio español. A partir de allí, un juez federal en Argentina ordenó la extradición en febrero de 2026.
Posteriormente, el gobierno español aprobó que la solicitud siguiera su curso legal. Ahora será la Audiencia Nacional la que deba decidir si autoriza la entrega del exoficial a las autoridades argentinas, tras revisar si se cumplen los requisitos jurídicos para ello.
El peso para las víctimas
El caso Geraldine Moreno ha sido reivindicado por familiares y organizaciones como un símbolo de la lucha contra la impunidad.
Durante años, la madre de la joven, Rosa Orozco, ha sostenido la exigencia de justicia y ha denunciado la falta de avances suficientes en Venezuela.
Para las víctimas, este proceso representa una oportunidad de que un tribunal extranjero examine responsabilidades por hechos que, a su juicio, siguen sin respuesta en el país.
La extradición, de concretarse, podría abrir una nueva fase en la búsqueda de verdad y reparación.
Una señal para otros casos
Más allá de este expediente, la solicitud de extradición podría tener impacto en otras causas vinculadas con violaciones de derechos humanos ocurridas durante la represión de protestas en Venezuela.
El uso de la jurisdicción universal ha sido clave para mover procesos que no han prosperado internamente.
El avance en España también envía un mensaje a otros señalados en investigaciones internacionales: los casos de presuntas violaciones graves de derechos humanos pueden seguir activos fuera de las fronteras nacionales.
Eso convierte al expediente en un precedente de interés para víctimas, fiscales y organizaciones de derechos humanos.
Respaldo de extradición
Un total de 26 organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos emitieron un pronunciamiento conjunto para instar a las autoridades de España a proceder con la extradición hacia Argentina del coronel retirado de la Guardia Nacional (GN), Ephraín Enrique Verdú Torrelles.
Los firmantes señalaron que la resolución del caso representa un paso orientado a la rendición de cuentas y la justicia transnacional para las víctimas de violaciones sistemáticas en Venezuela.
El requerimiento legal se fundamenta en la aplicación del principio de jurisdicción universal, un ámbito en el que el sistema judicial español posee antecedentes procedimentales.
Las agrupaciones remitieron la solicitud a la Audiencia Nacional de España bajo el amparo del principio internacional aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar).
Esto ocurre en un contexto global donde diversos organismos evalúan las denuncias sobre la situación de los derechos fundamentales en el país, bajo la premisa de mantener el respeto institucional hacia las autoridades venezolanas y los procedimientos judiciales en curso.
En el texto emitido por las organizaciones, los activistas argumentaron que «cuando los tribunales locales se transforman en escudos de los victimarios en lugar de protectores de los ciudadanos, la justicia internacional emerge como el último recurso de supervivencia elemental».
Con este pronunciamiento, los defensores de los derechos humanos buscan visibilizar las demandas de los afectados y promover mecanismos alternativos en tribunales extranjeros para garantizar la evaluación de los casos documentados
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