Organizaciones y activistas de Derechos Humanos rechazaron el comunicado difundido por el Ministerio Público sobre la muerte de Víctor Quero, al considerar que el texto oficial deja vacíos importantes sobre las circunstancias del caso.
La denuncia se produjo luego de que la Fiscalía informara resultados de la investigación penal abierta tras confirmarse el fallecimiento del detenido bajo custodia del Estado.
En su comunicado, el Ministerio Público sostuvo que los estudios realizados no evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver y atribuyó la muerte a un tromboembolismo pulmonar, además de señalar que la data de muerte sería de entre 10 meses y un año.
También afirmó que la filiación biológica de los restos exhumados fue confirmada con una probabilidad estadística de 99,4%.
Sin embargo, voces críticas como las de Zair Mundaray, Delsa Solórzano y Ligia Bolívar cuestionaron la forma en que fue presentada la información oficial y advirtieron sobre presuntas omisiones relevantes en el relato fiscal.
Las observaciones se centraron en la necesidad de mayor claridad sobre la detención, el tratamiento médico recibido, la cronología de los hechos y las responsabilidades institucionales en la custodia de Quero.
Según la Fiscalía, los análisis forenses no evidenciaron lesiones traumáticas y la identificación genética de los restos alcanzó una probabilidad de 99,4%.
Sin embargo, el comunicado no explica quiénes detuvieron a Quero, en qué lugares permaneció ni por qué su familia fue informada meses después de su muerte.
Tampoco se detallan las condiciones de detención, el acceso a atención médica ni las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento de una persona bajo custodia del Estado, lo que ha generado cuestionamientos desde la perspectiva de derechos humanos y estándares internacionales como el Protocolo de Minnesota.
Voces críticas
La defensora de derechos humanos Ligia Bolívar cuestionó la actuación institucional y afirmó: “la defensora Eglee Lobato pidió una investigación ‘exhaustiva’, pero no ha hecho la suya”. También se preguntó: “¿Está satisfecha con un comunicado de Larry Devoe que deja más preguntas que respuestas?” y agregó: “Si la señora Carmen no hubiera muerto de dolor, hoy habría muerto de indignación”.
Por su parte, la dirigente política Delsa Solórzano señaló: “el comunicado del Ministerio Público sobre la muerte de Víctor Quero, deja más preguntas que respuestas”. En ese sentido, cuestionó: “¿por qué no se refieren a la desaparición forzada? ¿qué ocurrió durante los meses en que Víctor Hugo Quero Navas permaneció desaparecido? ¿Quiénes son los funcionarios responsables…?”
Solórzano también advirtió que no se informó si hubo investigaciones contra funcionarios involucrados y criticó la ausencia de expertos independientes. “La verdad no puede ser parcial. Venezuela tiene derecho a conocer todos los hechos y a que se determinen todas las responsabilidades”, afirmó.
El exfiscal Zair Mundaray también rechazó el contenido del comunicado: “como era de esperarse el fiscal de @delcyrodriguezv intenta culminar la investigación con una insólita conclusión”.
A su juicio, “lo califica como privado de libertad, quitándole la condición de desaparecido, con lo que intenta exculpar el delito de desaparición forzada”.
Además, señaló: “se mencionan una cantidad de diligencias de investigación, pero deliberadamente se omite mencionar los resultados”, y advirtió que esto “implica un deliberado encubrimiento de la desaparición forzada”.
Preguntas sin respuesta
El caso mantiene abiertas varias interrogantes clave:
- ¿Quién detuvo a Víctor Quero y bajo qué condiciones?
- ¿En qué centros estuvo recluido desde su detención hasta su muerte?
- ¿Cuál fue la causa médica que motivó su traslado a un hospital?
- ¿Qué tratamiento recibió y en qué momento?
- ¿Por qué su familia fue informada meses después del fallecimiento?
- ¿Se investigó a los funcionarios responsables de su custodia?
Víctor Quero permanecía detenido en el Centro Penitenciario Rodeo I desde enero de 2025, según versiones oficiales, y murió bajo custodia del Estado, lo que obliga a una investigación independiente y transparente.
Hasta ahora, organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de reconstruir la línea de tiempo completa del caso y determinar responsabilidades. Como resumió Solórzano: “La verdad no puede ser parcial
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