A pesar de la Ley de Amnistía impulsada por el Ejecutivo nacional para tramitar la excarcelación de varios privados de libertad, la crisis de los prisioneros de conciencia persiste en el país. Actualmente, hay 565 presos políticos en Venezuela, según el más reciente balance presentado por la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
A través de un reporte público, la organización encendió las alarmas ante la comunidad internacional al denunciar tres realidades críticas que ponen en riesgo inminente la integridad física, psicológica y los derechos fundamentales de los detenidos.
La radiografía de las cifras: ¿Quiénes son los rostros tras las rejas?
El informe detallado por la ONG desglosa la población penitenciaria política, evidenciando que del total de 565 prisioneros, la cifra se divide en 490 hombres y 75 mujeres, clasificados bajo los siguientes perfiles:
- Sociedad civil: 292 ciudadanos sin afiliación política o militar.
- Fuerzas de seguridad: 192 funcionarios activos de organismos del Estado y 34 exfuncionarios.
- Comunidad internacional: 23 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad.
- Activismo político: 19 miembros plenos de organizaciones partidistas.
- Líderes sociales y gremiales: 3 sindicalistas y 1 defensor de derechos humanos.
- Libertad de prensa: 1 periodista (quien actualmente cumple la medida bajo arresto domiciliario).
Tres alertas críticas: Salud, vejez y desaparición forzada
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón enfatizó que el encierro prolongado está acompañado de condiciones que vulneran los estándares mínimos de protección humanitaria internacional.
La situación de salubridad dentro de los calabozos es alarmante. JEP documentó que 48 presos políticos padecen enfermedades graves y crónicas sin recibir ningún tipo de atención médica ni tratamientos oportunos. La organización denunció formalmente que esta omisión del Estado «constituye un trato cruel, inhumano y degradante». Asimismo, se alertó sobre la situación de 19 adultos mayores, cuyas edades y patologías son absolutamente incompatibles con el régimen carcelario actual.
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También, el reporte denuncia la existencia de 19 casos bajo la figura de presunta desaparición forzada. Estas personas se encuentran en un estado de total indefensión jurídica, debido a que el sistema de justicia oculta su paradero exacto, impidiendo que tanto sus familiares como sus representantes legales conozcan oficialmente su estado de salud o su ubicación física.
Ante la reclusión de los 23 ciudadanos extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad, la organización hizo un llamado enérgico a las representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en el país. Les instó a activar de inmediato los mecanismos de asistencia consular y protección legal internacional para evitar mayores desmanes procesales.
Tras un riguroso proceso de verificación de las últimas excarcelaciones, actualizamos nuestros indicadores registrando 565 personas privadas de libertad por razones políticas (490 hombres y 75 mujeres). Más allá de los perfiles que integran este universo —donde conviven… pic.twitter.com/hmZ4kRWCDo
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) June 11, 2026
El balance de JEP concluye con un llamado urgente a los organismos internacionales y relatores de derechos humanos para que mantengan la lupa sobre Venezuela. Advierten que las medidas de gracia o amnistías parciales no deben tapar el drama humanitario de las más de 500 familias que siguen separadas por motivos ideológicos en el país.
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