El exdictador Bashar al Asad, derrocado en diciembre de 2024 y actualmente exiliado en Moscú, fue condenado a la pena de muerte por un tribunal sirio tras ser hallado culpable de múltiples delitos, entre ellos crímenes de lesa humanidad. Se trata de la primera sentencia pública contra el líder que gobernó Siria con mano de hierro durante más de dos décadas.
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El juez Fakhr al Din al Uryan, del Tribunal Penal Número 4 de Damasco, leyó la sentencia que también condena a muerte a otras ocho personas. Entre los sentenciados figuran Maher al Asad, hermano del exdictador, y su primo Atef Najib, el único imputado presente en la sesión.
Durante la lectura, el magistrado señaló: «La contribución del criminal Bashar al Asad a los crímenes fue la de máximo responsable de la toma de decisiones, movilizando a las instituciones estatales para cometerlos».
El tribunal declaró culpable a Bashar al Asad del «delito grave de asesinato premeditado e intencional de múltiples personas y niños, así como de tortura, detención arbitraria y crímenes de lesa humanidad».
El origen del proceso: el juicio a Atef Najib
Este fallo se produjo en el marco del juicio contra Atef Najib, exjefe de la Seguridad Política en Deraa, ciudad del sur de Siria donde en 2011 estallaron las revueltas populares que derivaron en 14 años de guerra civil. A Najib se le atribuye la detonación del levantamiento tras haber ordenado la detención y tortura de varios niños que pintaron grafitis antigubernamentales en una escuela.
«Las investigaciones y los testimonios demostraron la participación de Atef Najib en el interrogatorio de varios detenidos tras el inicio de las protestas», declaró el juez Al Uryan. Añadió además que la rama de seguridad que dirigía, en coordinación con otros organismos gubernamentales, «asaltó la mezquita Omari en Deraa».
En marzo de 2011, la mezquita Omari se convirtió en el epicentro y símbolo de las primeras movilizaciones contra el régimen. Las fuerzas de seguridad irrumpieron violentamente en el templo en repetidas ocasiones, provocando la muerte de decenas de manifestantes.
El magistrado concluyó que estos actos atribuidos a Najib constituyen «crímenes de lesa humanidad», justificando así su condena a la pena capital.
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