El histórico acuerdo energético de 25 años firmado entre Estados Unidos y Venezuela prevé una inversión de 65.000 millones de dólares destinada a la reactivación de 17 campos estratégicos. La meta central del convenio es elevar la producción nacional a 1,5 millones de barriles diarios de crudo.
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Tras la firma, el presidente estadounidense Donald Trump se reunió con altos ejecutivos del sector refinador de su país. El encuentro buscó coordinar la logística de compra, procesamiento y comercialización del petróleo pesado venezolano en la costa del Golfo de México, formalizando así su retorno al mercado norteamericano.
Aunque el capital estadounidense asumirá la gestión operativa en sectores clave, el esquema pactado garantiza que Venezuela mantendrá la titularidad soberana sobre sus reservas de hidrocarburos.
Si bien el pacto representa un avance estratégico para ambas naciones, la comunidad internacional observa con cautela los detalles del texto definitivo. La viabilidad del flujo de caja proyectado para la economía venezolana dependerá de los mecanismos de financiamiento y las salvaguardas legales que se establezcan en la letra chica del acuerdo.
Empresas del acuerdo
Aunque el Gobierno venezolano no ha divulgado un listado definitivo de las empresas que desarrollarán los 17 campos incluidos en el acuerdo petrolero con Estados Unidos, varios reportes apuntan a compañías que ya operan en el país, negocian nuevas inversiones o cuentan con autorizaciones para realizar actividades en el sector energético venezolano. El plan prevé 17 contratos de participación productiva con una vigencia de 25 años.
Chevron es la empresa estadounidense que aparece con mayor fuerza en las informaciones disponibles. La compañía estaría cerca de cerrar un acuerdo con PDVSA para incorporar dos campos de crudo pesado a su portafolio en Venezuela, mientras que Halliburton mantiene conversaciones para aportar equipos y servicios a proyectos de producción petrolera. Ninguna de las dos ha sido anunciada oficialmente como adjudicataria de uno de los 17 campos.
PDVSA será la contraparte estatal venezolana en el esquema de contratos de participación productiva. La estatal mantendría la titularidad pública de los recursos y participaría en la supervisión y recaudación asociada a los proyectos, mientras los operadores privados asumirían inversión, tecnología y ejecución en los campos que se les asignen.
Entre los posibles participantes también están empresas con presencia previa o habilitación para operar en Venezuela. La Licencia General 50A de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos autoriza determinadas transacciones en el sector petrolero y gasífero venezolano para BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell, junto con sus filiales. La licencia no confirma que estas compañías formen parte de los 17 contratos, pero las ubica entre las empresas con capacidad regulatoria para negociar y operar bajo las condiciones establecidas.
NABEP, North American Blue Energy Partners, y otras empresas que ya operan bajo contratos de participación productiva también podrían ser referencias del modelo que se aplicará en la nueva etapa petrolera. Entre las firmas mencionadas en ese régimen se encuentran China Concord Petroleum, Hainan Breey Energy, Vulcan Energy Technology y Miller Energy; sin embargo, su incorporación al acuerdo con Estados Unidos tampoco ha sido confirmada oficialmente.
Por ahora, lo más riguroso es señalar que Chevron, Halliburton y las compañías habilitadas por la licencia 50A figuran como potenciales actores de la apertura petrolera, pero que falta que el Ejecutivo venezolano, PDVSA o las propias empresas informen qué campos recibirán, cuánto capital aportarán y bajo qué condiciones operarán.
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