Una jueza federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) pagar $165.000 por concepto de honorarios y gastos legales. La resolución concluye que la agencia actuó sin justificación legal al deportar a un joven venezolano al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Según The Daily Record, la decisión fue emitida este martes por Stephanie Gallagher, jueza del Tribunal Federal de Distrito de Maryland. La magistrada determinó que el DHS violó un acuerdo de conciliación derivado de una demanda colectiva iniciada hace siete años para proteger a menores no acompañados, estatus que amparaba al procesado —identificado en los documentos como «Cristian»— para evitar su expulsión mientras su solicitud de asilo continuaba activa.
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De acuerdo con el fallo, el gobierno estadounidense etiquetó erróneamente al joven como presunto integrante de la banda delictiva Tren de Aragua sin garantizar el debido proceso, procediendo con su expulsión antes de resolver su estatus migratorio. Gallagher enfatizó que las autoridades no contaban con «justificación sustancial» para catalogarlo como miembro de dicha organización criminal ni para expulsarlo del país.
Un traslado irregular bajo la Ley de Extranjeros Enemigos
Cristian fue deportado en marzo de 2025, un día después de que la Casa Blanca invocara la Ley de Extranjeros Enemigos para agilizar las expulsiones de venezolanos vinculados con el Tren de Aragua, grupo catalogado por el Departamento de Estado como organización terrorista extranjera.
Meses después de su reclusión en El Salvador, el joven fue trasladado a Venezuela —el país del que originalmente había huido por temor a persecución— como parte de un intercambio de prisioneros. Ya en abril de 2025, la jueza Gallagher había calificado la expulsión del joven, de 20 años, como injusta y había ordenado al DHS facilitar su retorno inmediato a Estados Unidos.
Secretismo y pérdida de contacto
Durante su estancia en la megacárcel salvadoreña, la magistrada señaló que el DHS entregó informes escasos y poco detallados sobre el estado de salud del detenido y sobre las gestiones realizadas ante el gobierno de Nayib Bukele.
Tras su posterior llegada a Venezuela, sus abogados perdieron contacto con él temporalmente. Una vez reestablecida la comunicación, la jueza confirmó que el joven no manifestó el deseo de regresar a territorio estadounidense para continuar con la resolución de su trámite de asilo.
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