Alrededor de 494.763 personas han dejado de trabajar en Venezuela como consecuencia directa de las fallas continuas en el suministro de agua y electricidad en sus hogares. Así lo revela un reciente estudio de la consultora Anova, redactado por el economista Omar Zambrano, el cual estima que esta paralización genera una pérdida aproximada de 1.600 millones de dólares, equivalentes al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
El informe concluye que siete de cada diez hogares venezolanos sufren un acceso precario a los servicios básicos, lo que representa un incremento del 21,7% en comparación con 2025. «En promedio, residir en uno de estos hogares reduce en 4,4 puntos porcentuales la probabilidad de participar en el mercado laboral y en 3,9 puntos la de estar ocupado», señala el documento.
Estas limitaciones se traducen en la salida forzada de casi medio millón de trabajadores de la fuerza laboral, pérdidas directas en ingresos de los hogares por 1.159,4 millones de dólares y un impacto destructivo sobre el aparato productivo del país.
Racionamiento prolongado y paralización estatal
Venezuela acumula cerca de 15 años sumida en una severa crisis eléctrica. Tras asumir la Presidencia encargada el 3 de enero, Delcy Rodríguez ha puesto en marcha dos planes de ahorro energético que se han traducido en interrupciones recurrentes del servicio y apagones prolongados que, en diversas regiones, alcanzan hasta diez horas continuas, reseñó el estudio.
A la par de los cortes eléctricos, el Ejecutivo instauró un «esquema de trabajo interdiario con jornada parcial» en diversas instituciones del Estado.
Mientras que el gobierno atribuye la debacle a factores climáticos y a las sanciones internacionales de Estados Unidos, especialistas del sector sostienen que el colapso responde a la falta de planificación, la ausencia de mantenimiento preventivo, la ineficiencia de la gestión pública y multimillonarios desvíos de fondos en obras inconclusas.
El sector industrial refleja con claridad esta parálisis: la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) reportó que, de las 488 horas laborales correspondientes al segundo trimestre del año, las empresas operaron 214 horas sin luz, lo que representa un incremento del 68% en tiempo afectado en comparación con el trimestre anterior.
El «impuesto de tiempo» y el sesgo de género
La investigación de Anova destaca que la escasez de agua y luz funciona como un «impuesto de tiempo» sobre la población: el esfuerzo físico, la logística para almacenar agua y las horas dedicadas a la supervivencia doméstica compiten directamente con las horas productivas destinadas a generar ingresos.
«La falta de servicios no solo encarece la vida cotidiana, sino que condiciona de forma directa la decisión de integrarse al mercado de trabajo«, advierte la firma.
El estudio también revela una marcada brecha de género en los hogares afectados:
- En hogares con servicios estables: Las mujeres empleadas trabajan en promedio 3,2 horas semanales menos que los hombres.
- En hogares con servicios precarios: Esta diferencia se amplía a 5,6 horas semanales.
- Impacto adicional: La brecha crece 2,4 horas a la semana (un aumento del 75%), lo que refleja la carga adicional que asumen las mujeres al gestionar la crisis doméstica.
En contraste, los hombres en hogares vulnerables trabajan 1,7 horas semanales más que aquellos en viviendas con servicios estables, una estrategia orientada a compensar la pérdida de ingresos del grupo familiar.
La consultora concluye que la productividad del país se encuentra severamente lastrada en un entorno donde siete de cada diez familias deben articular sus rutinas diarias en función del racionamiento de agua y los horarios de los apagones, mientras el propio Estado reduce sus jornadas operativas para ahorrar energía.
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