Las autoridades colombianas ejecutaron un amplio operativo en Bucaramanga que culminó con la expulsión de 71 ciudadanos hacia Venezuela, quienes acumulaban un total de 1.520 anotaciones policiales en el país. El procedimiento representa una de las intervenciones migratorias municipales de mayor envergadura realizadas en Colombia durante 2026.
Con esta medida, la administración local supera las 230 deportaciones en lo que va del año, marcando una cifra sin precedentes para la capital del departamento de Santander. Según fuentes oficiales, la operación fue coordinada de manera conjunta entre la Alcaldía de Bucaramanga, la Policía Nacional y Migración Colombia.
Los controles iniciaron durante la madrugada de este jueves en el Centro de Protección Transitoria de Bucaramanga, donde las autoridades verificaron el estatus migratorio y los antecedentes judiciales de los retenidos. Una vez formalizadas las órdenes de expulsión, los 71 ciudadanos fueron trasladados en tres autobuses bajo estricta custodia oficial hacia la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Norte de Santander.
Alrededor del mediodía, la caravana arribó al Puente Internacional Atanasio Girardot, punto en el que los deportados fueron entregados a los funcionarios migratorios venezolanos en el sector de Ureña, estado Táchira.
Delitos e infracciones señaladas
De acuerdo con el balance entregado por el alcalde Cristian Portilla, el grupo registraba más de 1.520 anotaciones policiales y judiciales por conductas reiteradas que comprometían la seguridad ciudadana:
- Alteración del orden público: Múltiples reportes por riñas en la vía pública, porte ilegal de armas blancas e irrespeto a la autoridad.
- Delitos comunes y ambientales: Antecedentes vinculados con hurtos, asaltos, porte y tráfico de estupefacientes, además de actividades relacionadas con la minería ilegal.
Contexto bilateral y seguridad fronteriza
Esta expulsión masiva se produce en un momento en que Colombia refuerza sus estrategias de control urbano y avanza en nuevos acercamientos diplomáticos con Caracas. Ambos gobiernos han reiterado su disposición para coordinar acciones conjuntas contra la delincuencia transnacional a lo largo de los más de 2.200 kilómetros de frontera compartida, una prioridad que ha cobrado urgencia tras registrarse recientes casos de secuestro en la zona limítrofe.
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