Óscar Pérez se rindió y depuso la armas, el régimen lo asesinó lanzándole múltiples disparos y un misil. El Koki mantiene azotada a Venezuela, reta a las autoridades y la respuesta es nula.
El Koki encabeza una de las bandas armadas más grandes y millonarias de Venezuela. Vive en la Cota 905 y actúa con total impunidad, como lo hizo la tarde de este miércoles cuando tomó el centro de Caracas y mostró su arsenal de guerra.
Óscar Pérez fue un expiloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc). El país supo del funcionario el 27 de junio de 2017 cuando sobrevoló sin permiso la sede del TSJ en la avenida Baralt. Ese día dejó caer artefactos explosivos. En el hecho no hubo pérdidas humanas ni materiales. Los medios de comunicación captaron además el momento en que desplegó una pancarta que decía: 350 Libertad.
Desde allí, el expiloto se declaró en abierta confrontación contra el régimen de Nicolás Maduro, al que catalogaba de dictador y pedía su renuncia. Pérez también era actor y masón.
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Antes de su muerte fueron muchos lo momentos protagonizados por Pérez y sus compañeros. Una cuenta en Instagram y otra en Twitter mantenían a los venezolanos informados de lo que hacían. En cada nueva aparición expresaban su rechazo a la dictadura de Maduro, llamaban a los militares a rebelarse y pedían el apoyo de los ciudadanos.
El 15 de enero toda la atención del país estaba en El Junquito. Un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad del Estado, conocido como la operación Gedeón, se activó en el kilómetro 16. El objetivo: Óscar Pérez.
En un chalet de la zona el expiloto estaba atrincherado junto a seis compañeros.
Pérez nuevamente hizo uso de las redes sociales para relatar lo que ocurría. Pidió apoyo y aseguró que pese a haber manifestado a las fuerzas leales a Maduro su decisión de rendirse, les seguían disparando.
Tras un operativo que se prolongó durante cuatro horas, se anunciaría la muerte de Pérez y sus compañeros. Lo que el régimen presentó como un enfrentamiento, la oposición venezolana, Organizaciones No Gubernamentales y la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunciarían ante el mundo como una masacre.