El Foro Penal desmintió este viernes que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) haya abierto su oficina dentro de la sede del Tribunal Supremo de Justicia bajo control de Maduro.
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Alfredo Romero, director presidente de la ONG, indicó que su organización hace seguimiento y verificación sobre este asunto.
Este jueves, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia había afirmado que el despacho de Karim Khan se había instalado en la sede del TSJ
A finales de marzo, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en su visita sorpresiva a Venezuela que se abriría una oficina de este organismo en el país tras sostener conversaciones con Nicolás Maduro.
Tras tres días de trabajo junto a organismos del Estado, donde muchos activistas de DDHH criticaron que no se haya conocido de la visita de Khan al país, el fiscal de la CPI dijo que las labores se hicieron como parte del cumplimiento del Memorando de Entendimiento, que fue firmado en noviembre del 2021 entre el Gobierno y la Fiscalía.
En la presentación de su Memoria y Cuenta de 2021, el fiscal designado por la ya extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, aseguró el jueves 7 de abril que «no hace falta» que la CPI instale una oficina en Venezuela porque aseguró que en nuestro país “se persiguen y sancionan las violaciones de DDHH”.
“Debemos reiterar que en el Caso denominado Venezuela, este Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación”, dijo, al condenar la investigación que se sigue para determinar si ocurrieron o no violaciones a los DDHH y dar con los responsables de estos actos.
En noviembre de 2021, en una visita a Venezuela, el fiscal Khan informó al Gobierno de Maduro sobre el inicio de la fase de investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, al menos desde 2017.
En ese entonces, el británico aclaró que no existen personas señaladas específicamente por estos crímenes. También se firmó un memorando que garantiza la cooperación entre la Fiscalía de la CPI y las autoridades venezolanas para dar verdadera justicia a las situaciones bajo investigación.
Con información de Tal Cual
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